Organizaciones de derechos humanos reiteran a la Corte solicitud de medidas provisionales para evitar la ejecuciòn de 19 personas condenadas a muerte en Guatemala
Publicación: 28.Agosto.2009


San José, Costa Rica,




El pasado 8 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos citó al Estado de Guatemala, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) y al Instituto de la Defensa Pública de Guatemala, para revisar el nivel de cumplimiento de las sentencias dictadas por este Tribunal en los casos Raxcacó Reyes y Fermín Ramírez, quienes fueron condenados a muerte por tribunales guatemaltecos.

Tanto la CIDH como el Instituto de la Defensa Pública y las dos organizaciones de derechos humanos manifestaron a la Corte que las sentencias no habían sido cumplidas íntegramente, que estaban pendientes las reformas legislativas ordenadas de los artículos 132 y 201 del Código Penal de Guatemala por ser declarados incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, así como la atención médica a los reclusos, la mejora de las condiciones carcelarias y la necesidad de legislar sobre el recurso de gracia o indulto.

También señalaron al Tribunal Interamericano la necesidad de otorgar medidas provisionales para evitar que Guatemala procediera a la ejecución de las 19 personas que han sido condenadas a muerte en el país, toda vez que esas condenas se han basado en legislación contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Expresaron que la omisión del Estado en reformar los artículos 132 y 201, así como otros que resultan violatorios a la normativa internacional de derechos humanos, más la voluntad manifiesta de muchos legisladores por ejecutar prontamente a los condenados a muerte, hacía urgente y necesaria las medidas provisionales.

Para fundamentar su petición, recordaron a la Corte que recientemente el Congreso guatemalteco aprobó un decreto de gracia que si bien otorgaba al presidente la facultad de indultar a los sentenciados a la pena máxima, fue concebido como un trámite formal que permitiera acelerar las ejecuciones de las personas condenadas a muerte, lo que obligó al Presidente Colom a vetarlo. No obstante, “una Comisión del Congreso está reconsiderándolo y no es claro cuál será la determinación que tome respecto de este decreto o alternativas similares. Es así como existe un alto riesgo de que se apruebe una ley con las mismas características y objetivos que el decreto vetado, sobre todo ante la voluntad de la gran mayoría de legisladores de adoptar medidas que agilicen las ejecuciones” dijeron las organizaciones.

Por su parte, la Corte Interamericana expresó su preocupación por el cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que actualmente desconoce la jurisprudencia de la Corte Interamericana en cuanto a la incompatibilidad de los artículos 132 y 201 con la Convención Americana y llamó al Estado de Guatemala a buscar los mecanismos necesarios para que el Estado en su conjunto acate las sentencias de la Corte Interamericana.

Vale recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.