Organizaciones de derechos humanos dan a conocer violaciones al derecho a la libre asociación en el Ecuador
Publicación: 28.Marzo.2014

Washington D.C., 28 de marzo de 2014.- Los afectados por el cierre de la Fundación Pachamama, INREDH y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se presentaron en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington D.C. para explicar la situación del Derecho a la Asociación dentro del Ecuador, y exponer como el  Estado ecuatoriano mantiene una política de desintegración y amedrentamiento de la Sociedad Civil Organizada, especialmente en escenarios donde la acción de las organizaciones discute el modelo actual de desarrollo.

Los representantes de las organizaciones que pidieron la audiencia señalaron que  el Estado Ecuatoriano ha constituido un sistema legal y de gestión pública que limita este Derecho. El Decreto 16, pretende establecer controles y restricciones al derecho a la libertad de asociación en el país que han llegado a constituirse en una limitación a este derecho conforme lo establecen los estándares internacionales; es decir, se establece la imposibilidad de crear organizaciones por número de miembros o falta de capacidad económica y además se prescriben causales de disolución con una alta carga de discrecionalidad en la interpretación por parte de los funcionarios competentes.

Como ejemplo relataron el caso de la Fundación Pachamama, organización que el 4 de diciembre de 2013, mediante Acuerdo N. 125, el Ministerio de Ambiente acuerda “Disolver de oficio a la Fundación Pachamama”, sin haber escuchado previamente a la fundación ni tampoco haber permitido su defensa y con base en acusaciones no probadas.

En ocasiones anteriores, el Estado Ecuatoriano ha manifestado su condición de soberano para no aplicar la Convención Americana. Según ellos, como la reglamentación establecida por el Estado de Ecuador, vulnera los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y además, establece limitaciones desproporcionadas y arbitrarias al derecho a la libertad de asociación en el país.

El Estado ecuatoriano no acudió a la audiencia, pese a haber sido notificado debidamente.

Entre los pedidos que hicieron los peticionarios de la audiencia se debe mencionar:

  • Que la CIDH evidencie en su comunicado del final del periodo de sesiones, la preocupante situación del derecho a la libertad de asociación en Ecuador por la existencia y aplicación del Decreto 16, y el cierre de la Fundación Pachamama como consecuencia de ello;
  • Que la CIDH solicite información urgente al Estado respecto a la vigencia y la posible aplicación del Decreto 16 a otras organizaciones;
  • Que la CIDH haga seguimiento cercano a la situación de cierre de la Fundación Pachamama.