El Observatorio Nacional contra la Tortura apoya las medidas del Ministerio de Justicia para terminar con el hacinamiento carcelario en Costa Rica
Las organizaciones miembro consideran que la medida no afecta a la seguridad del país. Entre 2010 y 2014, sólo el 2,1% de las personas que fueron trasladadas a un régimen semiabierto volvieron a delinquir.
Publicación: 27.Abril.2016
<p>Foto: Jorge Navarro para La Nación.</p>

San José, 27 de abril de 2016.- El pasado 17 de marzo de 2016, el juez de ejecución de la pena de Alajuela, ordenó la reubicación de 380 personas privadas de libertad, del Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez, debido a las condiciones de hacinamiento sufridas.

A raíz de esta decisión, el Ministerio de Justicia emitió una directriz que permite valorar la reubicación de personas hacia regímenes semiabiertos, para quienes calcen con distintos requisitos, como que tengan no más de 7 años de condena por cumplir, que no haya causas pendientes de trámite y que cuenten con una opción de estudio o trabajo fuera del penal, entre otras. La medida ha sido debatida por distintos sectores, argumentando que estas personas representan un riesgo para la seguridad ciudadana.

Los miembros integrantes del Observatorio Nacional contra la Tortura (ONAT), manifestamos nuestro apoyo a la decisión del Ministerio de Justicia y consideramos de suma preocupación las declaraciones contrarias a esta medida, ya que constituyen una injerencia indebida en las competencias del Ejecutivo e implicarían un cuestionamiento a la independencia judicial.

En cifras de marzo del 2016, existe un 42% de hacinamiento dentro de las prisiones costarricenses. Es decir, en un espacio dispuesto para 9.130 personas, conviven 12.968. Esta situación, por sí sola, es contraria a las obligaciones internacionales del Estado costarricense, que lo comprometen a garantizar los derechos de la población privada de libertad.

Desde el ONAT, consideramos que la decisión tomada por el Ministerio de Justicia, se encuentra dentro de su mandato legal y cumple con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es preciso recordar que el fin de aplicar una pena es lograr la reforma y readaptación social de las personas condenadas. En concordancia con este principio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “los Estados deben adoptar políticas públicas integrales, orientadas a la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados”.

Además, en contra de las predicciones fatalistas sobre un posible aumento en la inseguridad ciudadana, las cifras hablan por sí solas. Por ejemplo, sólo el 2,1% de las personas trasladadas a un régimen semiabierto, en el periodo comprendido del año 2010 a 2014, volvieron a delinquir.

Por último, hacemos un llamado a todos los poderes estatales y a los diversos actores de la sociedad para que impulsen un diálogo serio e informado sobre la política criminal del Estado de Costa Rica y las causas que están generando tanto la inseguridad ciudadana, como la crisis carcelaria. Desde el ONAT queremos, una vez más, subrayar la importancia que tienen las medidas tomadas por el Ministerio de Justicia y las apoyamos, buscando terminar con la situación de violación de derechos humanos que se vive en las cárceles costarricenses.

 

Sobre el Observatorio Nacional contra la Tortura (ONAT)

El ONAT está conformado por las siguientes entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas: Defensa de Niñas y Niños Internacional-DNI Costa Rica, la Defensa Pública de Costa Rica, la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Tiene como principal objetivo prevenir y denunciar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de las personas sometidas a cualquier forma de detención por parte del Estado de Costa Rica, así como la promoción de sus derechos humanos.