Las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos violan los derechos humanos
Los recientes decretos firmados por el presidente Donald Trump con contrarias a las obligaciones de Estados Unidos bajo el derecho internacional. y podrían empeorar la crisis humanitaria y agudizar las violaciones de derechos humanos que afectan a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, que habitan y transitan por el continente americano.
Publicación: 08.Febrero.2017

Washington D.C., 8 de febrero del 2017.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), condenamos los recientes decretos firmados por el presidente Donald Trump, al ser contrarios a las obligaciones de Estados Unidos bajo el derecho internacional. Su implementación podría empeorar la crisis humanitaria y agudizar las violaciones de derechos humanos que afectan a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, que habitan y transitan por el continente americano.

Los decretos sobre migración, "Mejoras a la Seguridad Fronteriza e Inmigración en Estados Unidos" y "Fortalecimiento de la Seguridad Pública en el Interior de los Estados Unidos", firmados el 25 de enero del 2017, buscan endurecer las políticas de migración, mediante el levantamiento de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México y el aumento de patrullas fronterizas, agentes de migración y centros de detención. Asimismo, estas órdenes, además de otras acciones, terminan con la libertad condicional de los solicitantes de asilo y aceleran los procesos de deportación.

El 27 de enero el Ejecutivo firmó un nuevo decreto: “Protección a la nación de la entrada de terroristas extranjeros en los Estados Unidos”. Éste, entre otras medidas, paraliza durante 90 días la entrada de personas de Iraq, Irán, Libia, Siria, Sudán, Somalia y Yemen, suspendiendo indefinidamente la entrada de refugiados de Siria y paralizando durante un plazo inicial de 120 días la entrada de cualquier persona solicitante de asilo o con estatus de refugiado.

Ante esta última directriz, se desató una situación alarmante dentro de los aeropuertos internacionales del país cuando los agentes de migración y aduana detuvieron y, en varias instancias, deportaron a refugiados y solicitantes de asilo procedentes de las siete nacionalidades indicadas así como a personas con visas o residencia legal.

Estos decretos generaron una respuesta masiva de condena y movilización ciudadana dentro y fuera de los Estados Unidos. De igual modo, llevó al inicio de procesos judiciales de impugnación de los decretos migratorios. El 3 de febrero, un juez federal en Seattle suspendió temporalmente la aplicación del decreto del 27 de enero. Otros tres estados norteamericanos han interpuesto demandas contra ese mismo decreto. A pesar de ello, hasta el momento, el Poder Ejecutivo ha anunciado que seguirá luchando para implementarlos.

En este contexto, desde CEJIL, sumamos nuestra voz a las miles que exigen la derogación inmediata de estos tres decretos, que van en contra de los principios más básicos de los derechos humanos.  

En primer lugar, estos decretos violan el principio de no discriminación con base en la nacionalidad, visto que restringen el goce de derechos de manera que no se ajusta a lo estrictamente necesario en una sociedad democrática. Por otra parte, las normas tienen un impacto discriminatorio basado en la religión mayoritaria de los siete países identificados.

En segundo lugar, estos decretos generan serias preocupaciones sobre la voluntad del Ejecutivo de los Estados Unidos de cumplir con sus obligaciones internacionales respecto al derecho de solicitar refugio y asilo, así como de respetar los derechos de todas las personas migrantes. En ese sentido, recordamos que el Estado debe aplicar los estándares de derecho internacional en la materia, garantizando el debido proceso, el principio de non-refoulement, y no discriminando las peticiones de las personas que hayan dejado sus países de origen por persecución, debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.

En tercer lugar, la detención siempre debe ser una medida de último recurso. En este sentido, tanto la detención en aeropuertos de personas procedentes de los siete países señalados, como la detención de solicitantes de asilo en tanto se resuelven sus casos, podrían generar violaciones al debido proceso y las garantías judiciales. La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han emitido numerosas recomendaciones y sentencias detalladas sobre la detención y el derecho al debido proceso de los migrantes que claramente explicitan que la detención es una medida excepcional, de último recurso y con un plazo de tiempo limitado. No debe emplearse como una medida disuasoria para la prevención de la migración y tampoco se debería aplicar indefinidamente o en situaciones que involucran a niños y niñas y sus familias.

CEJIL ha representado a personas migrantes, refugiadas y apátridas de todo el continente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por ello, nos resulta de suma preocupación el carácter discriminatorio de estos decretos y sus efectos en la crisis migratoria y los derechos humanos en las Américas. Estados Unidos debe derogar de forma inmediata estos decretos e impulsar procesos que respeten la dignidad humana y garanticen la integridad, vida y seguridad de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales.