Nicaragua: Reporte independiente expone intereses detrás de violencia y despojo territorial del Pueblo Mískitu
Publicación: 29.Abril.2020

San José, 29 de abril de 2020.- Este miércoles 29 de abril, el think-tank de asuntos ambientales, Oakland Institute, publicó el reporte “Nicaragua’s Failed Revolution: The indigenous struggle for saneamiento” sobre los intereses extractivos detrás del despojo territorial a los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua. Este informe independiente consta las denuncias que desde hace varios años pueblos, comunidades, organizaciones y personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas hemos hecho al respecto de la creciente violencia perpetrada por parte de colonos con la complacencia de empresas trasnacionales y el Estado nicaragüense.

Oakland Institute recupera algunas de las cifras sobre violencia que organizaciones hemos recabado desde 2015: 12 asesinatos, dos violaciones sexuales, decenas de secuestros, amenazas y agresiones físicas y cientos de personas desplazadas tanto internamente como hacia Honduras. Acontecimientos que llevaron a que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ordenara al Estado de Nicaragua adoptar medidas de protección en beneficio de 12 comunidades miskitas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) de Nicaragua.

Frente a estas agresiones, ampliamente documentadas, el Estado nicaragüense sigue sin implementar las medidas de protección y las violaciones mencionadas continúan impunes. En su lugar, el Gobierno sigue promoviendo actividades extractivas en territorios indígenas, tal como confirma el informe “Nicaragua’s Failed Revolution”. Según información recabada por el Oakland Institute, las industrias ganadera, minera y forestal serían los principales motores detrás de la colonización de los territorios indígenas en la Costa Caribe.

En su informe, el think-tank recopila normativas y disposiciones adoptadas por el Gobierno de Nicaragua alentando la llegada de empresas trasnacionales para la explotación de recursos naturales en los territorios autónomos. Tales como exenciones fiscales y otros beneficios contemplados en las leyes de minería, 387, y la ley forestal, 462. Elementos que, al hacer atractiva la inversión extranjera en esos ámbitos, ha alimentado el flujo de colonos en territorio indígena. Así, el informe evidencia el papel fundamental que han desempeñado las autoridades nicaragüenses en alentar el despojo territorial.

Por otro lado, el reporte también expone que los intereses de las industrias extractivas habrían penetrado a la institucionalidad nicaragüense, tal como había sido denunciado con anterioridad por investigaciones de la prensa independiente. De tal suerte que el despojo territorial no solo representaría un fenómeno espontáneo por parte de colonos, sino que contaría con algún grado de coordinación con autoridades nicaragüenses.

Los hallazgos del Oakland Institute son consistentes con una realidad en la que graves violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas de Nicaragua permanecen en la impunidad y en la que no se presenta ningún avance sustantivo en el saneamiento territorial reclamado por las comunidades.

Todo esto ha llevado a que algunas personas comunitarias consideren como su mayor temor el etnocidio de los pueblos indígenas en Nicaragua. No solo por la amenaza permanente de agresiones por parte de colonos; sino por la crítica crisis alimentaria que experimentan ante la imposibilidad de continuar sus hábitos de agricultura y pesca tradicional al perder acceso a sus territorios.

Así, hacemos un nuevo llamado al Estado de Nicaragua a reconocer la situación de grave riesgo que enfrenta el pueblo indígena miskitu en la costa caribe del país; avanzar con el proceso de saneamiento territorial garantizando total participación de las comunidades y sus representantes; y, ante la publicación del informe, a garantizar el derecho a defender derechos humanos absteniéndose de tomar represalias en contra de las personas comunitarias y las organizaciones que les acompañan.

Como representantes de las comunidades ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), reiteramos la obligación del Estado de Nicaragua de cumplir, de manera inmediata, con las medidas ordenadas por este Tribunal desde septiembre de 2016, con el fin de proteger la vida, la integridad y la existencia misma de esta población.

Finalmente, llamamos a la comunidad internacional a poner su mirada y levantar su voz sobre la situación de derechos humanos de las comunidades miskitu nicaragüenses y esperamos que el informe publicado el día de hoy permita avanzar hacia la garantía plena de los derechos humanos de esta población.