Nicaragua debe brindar tratamiento médico a embarazada enferma de cáncer
Nicaragua debe ofrecer el tratamiento necesario a una mujer enferma de cáncer metastásico y con 10 semanas de embarazo a quien se le habían negado los procedimientos médicos por su condición de embarazada. Así lo requirió al Estado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 27 de febrero, al otorgar medidas cautelares solicitadas por CEJIL y otras organizaciones aliadas.
Publicación: 02.Marzo.2010

San José, 2 de marzo de 2010

El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ipas Centroamérica con sede en Nicaragua, Women’s Link Worldwide con sede en Colombia y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informamos de la reciente adopción de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Amalia, una joven nicaragüense con 10 semanas de embarazo y con cáncer invasivo metastásico, a quien el Estado de Nicaragua le negó tratamiento médico oportuno y necesario para combatir la  enfermedad por estar embarazada.

La CIDH sentó un precedente histórico acerca de este tipo de casos al solicitarle al Gobierno de Nicaragua:

  1. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que la beneficiaria tenga acceso al tratamiento médico que necesita para tratar su cáncer metastásico;
  2. Adoptar dichas medidas en concertación con la beneficiaria y sus representantes, y
  3. Reservar la identidad de la beneficiaria y su familia, refiriéndose a ella simplemente como “Amalia”.

La CIDH además solicitó al Estado de Nicaragua presentar en un plazo de cinco días información acerca del cumplimiento de las medidas y actualizar esos datos en forma periódica.

Para las organizaciones solicitantes de las medidas cautelares, la penalización del aborto terapéutico expone a todas las mujeres, y de manera más grave a las mujeres pobres del país, a la retardación en la atención médica o negación de los servicios de salud comprometiendo sus derechos humanos a la vida y a la salud, como lo sucedido en el caso de “Amalia”.

El Estado ha expresado en diversas oportunidades que la aplicación de los Protocolos de Atención de Emergencias Obstétricas del MINSA contemplan las respuestas adecuadas y oportunas a estas situaciones; sin embargo, en este caso quedó en evidencia el temor del personal de salud a ser señalados, acusados y juzgados por cumplir con su deber médico de aplicar el tratamiento a “Amalia”, si de ello se derivaba una lesión o daño al que está por nacer y por ende incurrir en un delito.

Esta decisión de los funcionarios de salud se enmarca en la legislación vigente en Nicaragua desde finales del año 2006 que penaliza el aborto terapéutico, violentando de ese modo el derecho de las mujeres a la protección de su salud y de su integridad personal. En casos como el que fuera denunciado, la falta de acceso al aborto terapéutico expone a las mujeres a la pérdida de su vida al no brindárseles el tratamiento médico adecuado para su enfermedad, por proteger las consecuencias del mismo para el feto.

Al respecto, la Relatoría de los Derechos de la Mujer de la CIDH había externado su preocupación en una carta dirigida al Estado nicaragüense que “la negación del aborto terapéutico presenta una obstáculo al trabajo de los profesionales de salud, cuya labor es la de proteger la vida y prestar un tratamiento adecuado a sus pacientes”. Otros órganos de protección internacional -como el Comité contra la Tortura, el Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han instado de igual manera al Estado nicaragüense a incorporar de nueva cuenta el aborto terapéutico.

Si bien es cierto que, según las últimas informaciones periodísticas, el Ministerio de Salud, finalmente decidió aplicar el tratamiento de quimioterapia a “Amalia”, no obstante siguen siendo responsabilidad del Estado las consecuencias negativas que pudieran resultar del retardo de la atención médica, así como por no haber propuesto la interrupción del embarazo, como parte del tratamiento para combatir el cáncer y prolongar su vida.

Las organizaciones solicitantes recordamos el carácter obligatorio de las decisiones de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y reiteramos la urgente necesidad de que se tomen las medidas necesarias para garantizar la vida, la salud y la integridad personal de Amalia.

Con el objetivo de prevenir situaciones como la de “Amalia”, hacemos un llamado nuevamente a la Corte Suprema de Justicia, Asamblea Nacional y al Presidente de la República Daniel Ortega Saavedra a que cumpla con las recomendaciones de los órganos de tratados de las Naciones Unidas y adecue la legislación en materia de aborto de conformidad con las disposiciones de los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos y que se prevean excepciones a dicha norma frente a casos de peligro para la vida y la salud de las mujeres, casos de malformaciones congénitas incompatibles con la vida humana y casos de violación o incesto.

Contacto en San José

Marcia Aguiluz

Abogada

Tel (506) 2280-7473

maguiluz@cejil.org

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otros mecanismos de protección internacional.