Nicaragua: CIDH expresa preocupación por uso de violencia sexual durante detenciones arbitrarias
Publicación: 02.Octubre.2018
<p>Foto: CIDH</p>

Boulder, Colorado, 2 de octubre de 2018.- Desde el 18 de abril, el Estado de Nicaragua mantiene el despliegue de sus fuerzas de seguridad y permite la actuación de grupos parapoliciales que actúan de manera violenta y desmedida para evitar la crítica y la protesta social.

A propósito del 169° periodo de sesiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 12 organizaciones nacionales e internacionales presentaron información ante el órgano interamericano, principalmente respecto de la situación de criminalización, violencia y violaciones al debido proceso que enfrentan quienes se oponen al gobierno. 

Durante la audiencia —que una vez más, no contó con la presencia del Estado— se expuso cómo el sistema policial y de administración de justicia no son independientes y han incurrido en serias violaciones de derechos humanos. Prueba de esto es que, a la fecha, se contabilizan más de 400 personas privadas de libertad, en el marco de las protestas. Las organizaciones denunciaron que inclusive se ha criminalizado a personas por expresarse a través del lanzamiento de globos de color azul y blanco, colores de la bandera nacional nicaragüense. 

Las autoridades y grupos irregulares han detenido a numerosas personas siguiendo el mismo patrón. Por ejemplo, se les detiene en sus casas, en horas de la noche o durante la madrugada, no hay órdenes de arresto ni registro, y se les mantiene incomunicadas durante varios días. 

Dentro de los hallazgos presentados, se documentó que varias personas han sido sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, ello como estrategia para extraer información. Las mujeres enfrentan amenazas de violación sexual, las cuales en algunos casos se concretan, además, también se han recibido testimonios de hombres agredidos sexualmente.

Las organizaciones participantes también se refirieron a las irregularidades en los procesos penales, y a la utilización de tipos penales amplios como el delito de terrorismo, para criminalizar a defensores/as, líderes y lideresas sociales. Adicionalmente, se ha constatado que los procesos se llevan a cabo a puertas cerradas, y las autoridades presentan testigos y víctimas falsas, entre otras irregularidades.

Estas acciones afectan principalmente a líderes y lideresas sociales y a sus familiares, también a defensores y defensoras derechos humanos; miembros de la Iglesia Católica; personal médico de salud; educadores/as; y comunicadores/as. 

En palabras de Sara Henríquez, defensora de derechos humanos participante de la audiencia desde la sociedad civil: “El pueblo nicaragüense sigue en las calles, a pesar de las amenazas, a pesar de las balas. Nicaragua no está normal, nos están matando”. 

Ante esta situación, la CIDH manifestó nuevamente su preocupación y disposición para seguir apoyando en la crisis. En particular, la comisionada Antonia Urrejola resaltó que la información es de suma relevancia para que se conozca la dimensión de la actual crisis, caracterizada por violaciones sistemáticas de derechos humanos y se sepa la verdad histórica.

Además, reiteraron la necesidad de que el Estado de Nicaragua responda a las solicitudes de información, y permita a la CIDH pueda ejercer su mandato, como parte de la ruta de salida a esta crisis. Por último, hicieron un llamado a las autoridades para que no hayan represalias hacia las personas que participaron en la audiencia.