Las mujeres de Atenco le exigen al Estado mexicano el fin de la impunidad
La CIDH estableció que las 11 mujeres sufrieron tortura y envió el caso a la Corte porque el Estado no cumplió su obligación de esclarecer y sancionar los hechos.
Publicación: 04.Octubre.2016

México D.F., 4 de octubre del 2016.- 6 de las 11 mujeres denunciantes por la represión policial y tortura sexual en Atenco, se refirieron en rueda de prensa a los avances de su proceso, ante la reciente decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de remitir su caso a la Corte IDH.

A partir de este hito, el Estado mexicano acumula 8 casos ante la Corte Interamericana, estando 4 de ellos relacionados a abusos contra mujeres.

En diciembre del 2015, la CIDH notificó a las representantes y al Estado el Informe de Fondo, que contiene sus conclusiones en el caso. Ante la falta de respuesta de parte de México, el órgano de derechos humanos notificó su decisión de enviarlo al Tribunal interamericano, avanzando hacia una nueva etapa del litigio internacional por el caso.

En su informe, la CIDH reconoció las violaciones denunciadas por las organizaciones representantes, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Reportó que las mujeres denunciantes fueron detenidas ilegal y arbitrariamente y que, durante su privación de libertad, fueron sujetas a diversos actos de tortura física, psicológica y sexual. Además, ratificó que el Estado mexicano no garantizó las vías necesarias ni el debido proceso para que las mujeres pudieran acceder a la justicia por lo que les ocurrió.

“El Estado llevó una estrategia de desgaste, de revictimizarnos, hacernos sentir culpables y producirnos daño sicológico y moral”, explicó Claudia Hernández, una de las denunciantes. “Nuestra dignidad está en alzar la voz y caminar por 10 años para denunciar y no callarnos sobre el miedo, por sus amenazas, sus ofensas”, agregó. “Nuestra dignidad está en probar la responsabilidad de los que plantearon y ejecutaron ese operativo. No somos las violadas de Atenco, somos luchadoras sociales y nuestra lucha continuará para obtener justicia”.

Por su parte, Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, apuntó: "El caso de las mujeres de Atenco haya llegado al máximo Tribunal de derechos humanos de la región implica, no sólo el reconocimiento de la gravedad de lo ocurrido sino también un llamado de atención de la CIDH, para que el Estado mexicano profundice las investigaciones y se pueda identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables".

Durante el proceso a nivel interno, explicitó la CIDH, el Estado no investigó en un plazo razonable, para sancionar a todos los responsables, incluida la cadena de mando completa, las fuerzas federales que participaron en el operativo y los altos funcionarios que hayan contribuido a través de acciones u omisiones para detener las violaciones de derechos humanos que las mujeres denunciantes enfrentaron tras una protesta en Atenco.

“Este es un caso no sólo de tortura, sino de tortura sexual, de discriminación sexual de la mujer. El caso de Atenco invoca estereotipos, roles sociales. Como organizaciones representantes, pedimos justicia, que se identifiquen todas las formas de responsabilidad y que la sentencia contenga medidas de no repetición, con acciones encaminadas a atacar las causas estructurales para que estos hechos no se repitan”, explicó Stephanie Erin Brewer, Coordinadora del Área Internacional del Centro Prodh.