La militarización de Honduras se lleva el presupuesto de los derechos humanos
Publicación: 20.Marzo.2017

Washington D.C., 20 de marzo del 2017.- Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, presentaron el pasado 17 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y representantes del Estado de Honduras, sus denuncias sobre la situación general de los derechos humanos en el país.

Honduras es internacionalmente conocida por ser el país más peligroso del mundo para trabajar como defensor o defensora del medio ambiente. Defensoras como Berta Cáceres, asesinada hace ya más de un año, es un ejemplo entre las 120 personas que desde el 2010 han sido asesinadas por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente. A la fecha, se han aprobado cerca de 111 proyectos hidroeléctricos y 350 proyectos mineros, algunos de ellos en regiones tradicionalmente identificadas como territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes.

Las organizaciones también denunciaron la militarización que se está sufriendo en Honduras. Por ejemplo, además de que el Ejército cumple funciones de control de la seguridad ciudadana, en el 2013 se creó la policía militar de orden público. El Estado mantiene que la presencia de militares no cambiará hasta que el crimen se haya reducido a un 25% en el país. A su vez, el Ejército actualmente está a cargo del sistema penitenciario. Se han creado centros penales de carácter preventivo en instalaciones militares, los militares brindan cursos sobre disciplina y valores a niños y niñas y su presupuesto ha aumentado del año 2006 al 2016 en un 161%. El año pasado, por ejemplo, mientras el presupuesto de Seguridad creció en un 38%, el de Salud, lo hizo tan solo en un 15%.

El comisionado James Cavallaro, mostró su preocupación al respecto apuntando que la función de las Fuerzas Armadas no es el de la seguridad ni el del orden público y que el presupuesto que se le atribuye a este cuerpo es exagerado si, por ejemplo, se compara con los poco menos de 500 mil dólares que se destinan a la implementación de medidas de protección a favor de defensores y defensoras de derechos humanos.

Las organizaciones también se refirieron a la falta de independencia judicial así como a las principales violaciones contra los derechos de las mujeres. A la vez, subrayaron los alarmante cambios que se están promoviendo en el Código Penal y que implicarían limitaciones indebidas a derechos humanos y una mayor criminalización de quienes los defienden.

El Estado hondureño ha desconocido las recomendaciones dadas por la misma CIDH en su informe del 2015. Es lamentable que los esfuerzos de Honduras para garantizar los derechos humanos se reduzca a ampliar su capacidad penitenciaria y a militarizar la sociedad.