México se compromete a cesar la jurisdicción militar en caso de mujeres indígenas violadas por militares
Publicación: 28.Agosto.2009


Washington D.C.



El día de ayer, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Colectivo Feminista Mercedes Olivera Bustamante y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que México sigue sin cumplir las recomendaciones que este órgano de la Organización de Estado Americanos emitió hace más de seis años en el caso de las Hermanas González Pérez.



Este caso se refiere a tres hermanas indígenas que fueron detenidas arbitrariamente, violadas sexualmente y torturadas, por miembros del ejército mexicano, mientras su madre era obligada a ser testigo de los hechos. Una de las víctimas era menor de edad.




Desde agosto de 2001, la Comisión consideró que el Estado mexicano violó los derechos a la libertad e integridad personal y a la protección de la honra y de la dignidad, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de las hermanas y su madre. Además de haber violentado los derechos del niño de la que en aquel momento era menor de edad.




En virtud de estas violaciones la CIDH le recomendó al Estado investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las afectadas y repararlas adecuadamente.




A pesar de ello, al día de hoy la investigación por las violaciones a derechos humanos continúa ante la jurisdicción militar, el Estado no ha determinado ni sancionado a los responsables y las víctimas no han sido reparadas. Durante la reunión convocada por la CIDH los agentes estatales se comprometieron a sacar el caso de la competencia de la jurisdicción militar y trasladarlo a la jurisdicción penal ordinaria.




Esto último es de gran importancia ya que tal y como lo señaló la Comisión en su informe, la jurisdicción militar no es la vía idónea para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por los elementos del ejército mexicano ya que se ve comprometida su imparcialidad e independencia.




En lo que respecta a la reparación del daño, el Estado se comprometió a presentar sus observaciones a la propuesta que presentaron los peticionarios en el año 2001, propuesta que reiteraron en la reunión de trabajo.



Las organizaciones peticionarias esperan que el Estado mexicano honre sus compromisos institucionales y de pleno cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



 

Contacto:

 

Nancy Marín Espinoza

Correo electrónico: nmarin@cejil.org