México: inaceptable acoso a defensores de migrantes por parte de Guardia Nacional
Publicación: 24.Julio.2019
  • Reprobamos categóricamente el acoso y hostigamiento de elementos policiales y militares contra los albergues para personas migrantes.
  • La criminalización de las personas defensoras de migrantes con el objetivo de satisfacer exigencias de EU subordina derechos a negociaciones.
  • Exigimos cese inmediato de acciones que obstaculicen las labores de la Casa del Migrante de Saltillo y de los demás albergues de migrantes en el país.

Ciudad de México y San José, 24 de julio de 2019.- La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Front Line Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana (PRAMI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) —impulsores de la campaña #DefendersBeyondWalls #DefensoresSinMuros— expresamos una fuerte preocupación por los recientes actos de acoso y hostigamiento de la Guardia Nacional contra la Casa del Migrante de Saltillo (CDM Saltillo). De la misma manera exigimos el cese inmediato de todo acto intimidatorio en contra de este albergue humanitario que desde 2001 brinda atención integral y acompañamiento en derechos humanos a las personas migrantes y refugiadas. 

El 20 de julio pasado, elementos de la Policía Federal pretendieron realizar una revisión migratoria en la CDM Saltillo. Al señalarles que no podían hacerla, amenazaron a un integrante del equipo diciendo que se estaba “metiendo en un grave problema” y que pedirían la intervención del Instituto Nacional de Migración para acordonar el área. Ayer 23 de julio, un operativo conjunto de la Guardia Nacional y la Policía de Saltillo hicieron nuevamente verificación migratoria a las puertas de la CDM Saltillo. El personal les reiteró la ilegalidad  de esta acción y las autoridades respondieron tomando fotografías y videos de las y los defensores. Cabe destacar que la CDM Saltillo cuenta con medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con medidas de protección del Mecanismo de Protección a personas defensoras y periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Las múltiples agresiones y actos de hostigamiento que enfrenta la CDM Saltillo no son hechos aislados, por el contrario, estos responden a un contexto cada vez más adverso para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y sujetas de protección internacional. En los últimos dos meses otros albergues en diversos puntos del país han denunciado que fuerzas policiales y militares han tratado de ingresar a sus instalaciones, bajo el pretexto de buscar a víctimas del delito o a personas migrantes en condición irregular. Otros han recibido oficios en los que les solicitan entregar información específica y desagregada sobre la población atendida. Entendemos estos ataques como parte de una estrategia amplia y regional derivada de diversas políticas y acuerdos implementados por Estados de la región, entre ellos el reciente acuerdo entre México y Estados Unidos, mediante la cual se estigmatiza la migración y, en consecuencia, se criminaliza y estigmatiza la labor humanitaria y de derechos humanos en favor de las personas migrantes y desplazadas provenientes de Centroamérica, el Caribe, África y Asia. 

Este proceso de criminalización y estigmatización pública en contra de defensoras y defensores de los derechos de las personas migrantes tiene su origen en declaraciones de alto nivel, incluso de la Secretaria de Gobernación. Se trata de acusaciones sin sustento, generalizantes y con el objetivo de desprestigiar la labor que las organizaciones de derechos humanos han realizado durante décadas.

Un efecto directo de dichas declaraciones es que autoridades locales se sienten legitimadas para hostigar a organizaciones, albergues y personas defensoras que les son incómodas por señalar sus omisiones y simulaciones. Como ha observado la CIDH, “estas declaraciones por lo general buscan deslegitimar el trabajo de defensa que realizan defensores y defensoras, estigmatizándolos ante la sociedad”. Adicionalmente, la Comisión ha indicado que “este tipo de pronunciamientos y declaraciones en algunos casos servirían de fundamento para iniciar acciones penales en contra de las y los defensores con el fin de obstruir sus labores”.

La integridad de las personas defensoras, así como la garantía del derecho a defender derechos humanos es una responsabilidad irrenunciable del Estado mexicano. Ante esto, denunciamos que las autoridades no sólo han sido omisas, sino que como hemos señalado antes, también han fomentado estos actos de criminalizacion y hostigamiento. 

En ese sentido, hacemos un enérgico llamado a todas las autoridades de México a abstenerse de implementar acciones que tengan como fin obstaculizar las labores de la Casa del Migrante de Saltillo y de cualquier otra organización o albergue para personas migrantes y que lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar la integridad de las y los defensores para que puedan seguir realizando su trabajo de manera segura. Asimismo, exigimos al Estado de México que garantice entornos adecuados que permitan la crucial labor de defensa de los derechos humanos.

Desde la Red TDT, Front Line Defenders, el PRAMI y CEJIL, reconocemos y respaldamos ampliamente la labor que la Casa del Migrante de Saltillo ha realizado durante más de 15 años, durante los cuales ha sido un oasis en medio de una ruta migratoria cada día más riesgosa para miles de personas que se ven obligadas a cruzar nuestro país. 

 

Organizaciones firmantes: 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Front Line Defenders
Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana (PRAMI)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”