Masacre de Las Dos Erres
Guatemala

Ejemplo de las cruentas barbaries cometidas por el Ejército guatemalteco durante el conflicto armado, los hechos de la Masacre ocurrieron entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982, cuando miembros de la fuerza especial Kaibil ingresaron en el parcelamiento campesino Las Dos Erres, acompañados por un pelotón de aproximadamente 40 soldados. Sometieron a los pobladores a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Varias de las mujeres, incluyendo niñas y adolescentes, fueron violadas repetidamente. Las víctimas fueron finalmente ejecutadas y arrojadas a un pozo.

Ante la impunidad existente y la falta de justicia, en 1996 CEJIL y la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA),  presentaron el caso de Las Dos Erres a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2000 se llegó a un acuerdo amistoso que incluía la realización de una investigación para identificar a los autores materiales e intelectuales y su posterior juicio, además de otras medidas de reparación. En febrero de 2005, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dictó la cancelación de las ordenes de arresto contra 16 kaibiles que habían sido identificados como responsables materiales y la suspensión del proceso judicial. Con ese fallo además se anularon las declaraciones de algunos militares que habían reconocido su participación en la masacre e indicaron la existencia de "ordenes superiores".  Por esta razón, en 2008 el Caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en diciembre de 2009 condenó al Estado de Guatemala como responsable de la Masacre de Las Dos Erres.

Entre los años 2011 y 2012, cinco militares ya retirados, fueron condenados, y en 2018 condenó a uno más, que había permanecido en fuga en los Estados Unidos. En todos los casos se trababa de soldados de bajo rango.  El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt también fue acusado por su responsabilidad en el caso, pero falleció antes de que se dictara sentencia. El resto de los kaibiles identificados desde 1999 no han sido juzgados, ni se ha exclarecido el vínculo con los altos mandos militares.

Impacto:

  • Tras la sentencia de la Corte IDH inició un proceso que derivó en que, por primera vez un tribunal guatemalteco condenara a miembros de la fuerza especial Kaibil, la cual fue responsable de algunas de las más violentas y crueles violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. La condena contra militares guatemaltecos, aún y cuando fueran de bajo rango, constituye un avance importante en la lucha contra la impunidad.
  • La sentencia ordena la reforma de la Ley de Amparo en Guatemala porque reconoce que se ha venido usando este mecanismo para dilatar los procesos de graves violaciones de derechos humanos.
  • También se ordenó la creación de una página web de búsqueda de menores sustraídos y retenidos ilegalmente en el conflicto interno, en la cual, se difundan los nombres y apellidos, posibles características físicas y todos los datos con los que se cuente de dichos niños y niñas con el fin de facilitar el reencuentro con sus familiares.
  • Otra de las medidas que se deben acatar es capacitar a operadores de justicia, publicar la sentencia, construir un monumento y realizar un reconocimiento de responsabilidad.