Marisela Escobedo
México

Marisela Escobedo Ortiz fue una defensora de derechos humanos de las mujeres, que a raíz del feminicidio de su hija Rubí Fraire Escobedo en Ciudad Juárez, emprendió una lucha por encontrar justicia para su hija y las miles de víctimas de feminicidio en el Estado de Chihuahua en México.

En 2005, cuando Rubí tenía 14 años de edad, inició una relación sentimental con Sergio Barraza Bocanegra de 22 años, con quién tendría una hija. Durante los tres años de relación, la familia Escobedo identificó patrones de violencia y control por parte de Sergio Barraza hacia Rubí, llegando al punto de impedir comunicación de la menor con su familia.  

En finales de 2008 tras varios meses sin conocer el paradero de su hija, Marisela Escobedo tomó acciones para buscarla e interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del estado de Chihuahua (en su momento PGJCh) en enero del año 2009.

Durante el periodo de búsqueda, junto con su familia, Marisela inició un proceso de distribución de volantes y ofreció una recompensa por conocer detalles sobre la desaparición de su hija. El proceso tuvo como resultado la declaración de Ángel Gabriel Valles, cercano a Sergio Barraza, quién relató a la familia y meses más tarde ante la Fiscalía, la confesión que Barraza hizo ante un grupo de amigos sobre el asesinato y posterior desaparición del cuerpo de Rubí en el lugar, en donde más adelante se encontrarían sus restos. 

Durante el proceso de investigación, Marisela solicitó la custodia temporal de su nieta e inició una denuncia penal contra Sergio por delito de sustracción de menores, por medio de la cual consiguió una orden de aprehensión contra él y en junio de 2009, fue detenido en Zacatecas.

Tras varios rastreos en la zona identificada para ubicar los restos de Rubí, estos fueron encontrados el 18 de junio de 2009 en un basurero clandestino ubicado en un terreno baldío. El 11 de enero de 2010, casi un año después de la denuncia presentada por Marisela ante la desaparición de su hija, la Fiscalía presentó la acusación formal contra Sergio por el delito de homicidio agravado.

A pesar de los esfuerzos realizados por la familia para exigir justicia y la captura de Barraza, quien en el juicio oral, previo a la lectura del fallo, pidió perdón a Marisela por el daño que le causó; el fallo judicial emiido el 3 de mayo de 2010, absolvió por unanimidad a Sergio Rafael Barraza. Aunque en segunda instancia se logró una sentencia condenatoria, Barraza ya había huido.

Ante la decisión, Marisela y sus familiares comenzaron una lucha incansable para exigir justicia por lo sucedido a Rubí, organizaron marchas, recolectaron firmas y presentaron denuncias públicas.

Marisela se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad en México y atrajo la atención del país sobre las deficiencias de la respuesta del sistema de justicia mexicano ante la violencia contra las mujeres.  A raíz de su lucha y el trabajo incansable que emprendió para encontrar el paradero del feminicida de su hija Rubí, recibió amenazas de muerte en varias ocasiones y el 16 de diciembre de 2010 fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, mientras realizaba un plantón para exigir justicia al gobierno mexicano.

Posterior a su asesinato, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que no se brindó a Marisela y sus familiares atención integral y protección, situación que incluso obligó a estos últimos a huir del país por amenazas y atentados sufridos después del asesinato de Marisela.

En 2019, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la organización Mexicanos y Mexicanos en el Exilio (Mex-en-Ex), presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso. En octubre de 2020, la CIDH notificó al Estado mexicano sobre la denuncia en su contra por violaciones a los derechos humanos de Rubí Marisol Fraire Escobedo, Marisela Escobedo Ortiz y sus familiares.

A diez años del asesinato de Marisela, el caso se encuentra en etapa de admisibilidad ante la CIDH y a la espera de que el Estado mexicano remita sus observaciones en el plazo de tres meses establecido por la CIDH.

Impacto del caso:

  • El caso de Marisela Escobedo y su familia refleja la grave deuda del Estado frente a impunidad imperante en los casos de feminicidio, así como la ausencia de garantías de protección para las familias de las víctimas y en especial las madres que buscan justicia para sus hijas, quienes se convierten en defensoras de derechos humanos.
  • El inicio del trámite ante la CIDH representa una oportunidad para exigir al Estado mexicano reconocer su responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de Rubí Marisol Fraire Escobedo, Marisela Escobedo Ortiz y sus familiares, las cuales se enmarcan en un contexto sistemático de violencia contra la mujer en el Estado de Chihuahua.
  • El caso busca, además de justicia, verdad y reparación en el caso de la familia Escobedo, la adopción de medidas estructurales en México para garantizar el derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia, así como el derecho del acceso a la justicia y protección adecuada del Estado para personas defensoras de derechos humanos en situaciones de riesgo.

Fecha de actualización: 15 de diciembre 2020