Honduras necesita una Comisión de la Verdad independiente y creíble
CEJIL hace un vehemente llamado para que en Honduras se impulse y apoye la creación y funcionamiento de una Comisión de la Verdad independiente, que investigue y establezca responsabilidades tanto por las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el golpe de Estado del 28 de junio pasado como por las deficiencias en el funcionamiento de diversas instituciones.
Publicación: 11.Diciembre.2009

Washington DC, 9 de diciembre de 2009.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hace un vehemente llamado para que en Honduras se impulse y apoye la creación y funcionamiento de una Comisión de la Verdad independiente, que investigue y establezca responsabilidades tanto por las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el golpe de Estado del 28 de junio pasado como por las deficiencias en el funcionamiento de diversas instituciones.

El acuerdo Guaymuras, del 30 de octubre de 2009, entre representantes del Gobierno de facto y del presidente constitucional Manuel Zelaya, tan solo establece la creación de una Comisión de la Verdad con el mandato de “investigar los actos que condujeron a la situación actual, y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”.

“Es fundamental que se establezca una Comisión de la Verdad que sea independiente cuyos resultados sean una garantía para la sociedad hondureña de que los graves hechos de violencia y las fallas institucionales cometidas durante el golpe no se repitan. La creación de una Comisión de la Verdad debe vincularse estrechamente con la necesidad de hacer justicia y de determinar cuáles deben ser los cambios institucionales y políticos necesarias para fortalecer la institucionalidad democrática”, dijo la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic.

Durante el golpe de Estado han sido detenidas de manera ilegal 3.317 personas y centenares de ellas han sufrido torturas y tratos crueles e inhumanos, como lo han establecido informes del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT) de Honduras.

CEJIL y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) han reportado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al menos nueve muertes ocurridas durante la represión policial y militar de manifestaciones de opositores, mientras que al menos 12 dirigentes e integrantes de la resistencia contra el golpe han muerto en circunstancias violentas sospechosas.

Las instituciones democráticas han sido utilizadas para debilitar el Estado de derecho y justificar las acciones y decisiones del Gobierno de facto, y mostraron ser inoperantes para controlar los excesos y defender los derechos humanos de la ciudadanía.

Además, las elecciones del pasado 29 de noviembre ocurrieron en un contexto de intimidación en contra de quienes no querían votar y de restricciones para los opositores al golpe de Estado y no se puede considerar que ocurrieron en un contexto de respeto a las libertades democráticas fundamentales.

El Poder Judicial ha iniciado 110 procesos por sedición y traición que están relacionados con la persecución política de opositores al golpe de Estado. La Fiscalía de Derechos Humanos ha recibido más de 200 denuncias y siguen activos procesos disciplinarios contra jueces que han manifestado críticas a decisiones de las autoridades de facto.

“El golpe reveló debilidades de actores clave e instituciones. Cualquier diálogo nacional o iniciativa para conformar una Comisión de la Verdad debería reaccionar frente a estas deficiencias. Si hay un diálogo nacional ahí tienen que estar sentados interlocutores fundamentales que hasta ahora han sido excluidos. Estas son tareas en las que es fundamental el acompañamiento de la comunidad internacional”, dijo Krsticevic.

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.