Guatemala: organizaciones solicitan a CIDH dar seguimiento a acuerdo de tercer país seguro con EEUU
Publicación: 09.Junio.2020
<p>Foto: EFE</p>
San José, 09 de junio de 2020.- Organizaciones regionales e internacionales solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dar seguimiento y pedir información al Estado de Guatemala sobre el Acuerdo de Cooperación en Asilo (ACA), conocido también como acuerdo de tercer país seguro, suscrito entre Guatemala y Estados Unidos.
 
Este acuerdo fue firmado en julio de 2019 y su implementación inició en noviembre de ese mismo año, tras la adopción del reglamento para su implementación por parte del gobierno estadounidense, a pesar de no cumplir con requerimientos previos dictados por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. El acuerdo establece la base para el traslado de personas no guatemaltecas, que buscan solicitar asilo en Estados Unidos, a Guatemala bajo la premisa de que pueden acceder a la protección internacional en ese país. En términos prácticos, el llamado Acuerdo de Cooperación en Asilo funge como un acuerdo de tercer país seguro.
 
Según medios de comunicación, más de 900 personas centroamericanas fueron trasladadas a Guatemala desde que se empezó a implementar el acuerdo. Aunque, en el marco de la pandemia global para el coronavirus, se anunció la suspensión temporal de los traslados de personas solicitantes de asilo con base en el ACA, se espera que estos se reanuden cuando se levanten algunas de las restricciones impuestas como respuesta a la pandemia. Las organizaciones firmantes aseveramos que las personas, que fueron y podrían ser trasladadas, enfrentan una grave situación de vulnerabilidad.
 
Al respecto, organizaciones de sociedad civil han denunciado que el gobierno guatemalteco está completamente ausente y que no ha proporcionado ninguna atención a las personas trasladadas a ese país. Estas mismas organizaciones afirmaron que es exclusivamente sociedad civil quien brinda la alimentación y atención psicosocial para las personas sujetas al ACA.
 
Además de la desprotección específica que enfrentan por parte del Estado, las personas transferidas a Guatemala son particularmente vulnerables a las condiciones generales de inseguridad en el país. Estas personas, enfrentan en Guatemala riesgos a su vida e integridad personal iguales o peores a los que les obligaron a salir de su país en un primer momento. Estos riesgos afectan en mayor medida a grupos poblaciones como mujeres y niñas, personas LGBTIQ y víctimas de violencia de pandillas, entre otros.
 
Aunque el ACA establece que las personas solicitantes de asilo pueden acceder a protección internacional en Guatemala, la situación de inseguridad sistemática y las restricciones en el acceso a asilo en ese país han impedido que esa sea una realidad. A mediados de marzo de 2020, medios de comunicación reportaron que solo 20 personas – alrededor de 2% de la población total que había sido transferida a Guatemala bajo el ACA – habían solicitado asilo en el país.
 
A esto se suma la limitada capacidad del sistema de asilo en Guatemala para la tramitación de solicitudes de refugio. A pesar de que el marco normativo guatemalteco establece un plazo de 30 días para la resolución de solicitudes, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) confirma que estos procesos suelen durar mucho más, a veces incluso años. Además, el equipo que evalúa la elegibilidad de las personas solicitantes está compuesto por tan solo cuatro personas.
 
Según información proporcionada a medios de comunicación por parte del embajador estadounidense en Guatemala a finales de febrero de 2020, cerca de 97% de las personas transferidas bajo el ACA habían regresado a sus países de origen. Sin embargo; para muchas personas, este retorno no ha sido voluntario, sino obligado por las condiciones y la imposibilidad de acceder a protección en Guatemala.
 
Por lo anterior, las organizaciones reiteramos que el ACA recrudece las condiciones de vulnerabilidad de las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos provenientes de la región centroamericana. El ACA amenaza sus derechos humanos, en particular el derecho a la vida, a la integridad personal y a buscar y recibir asilo.
 
Aún antes de la firma de este acuerdo, la Comisión Interamericana se había pronunciado al respecto, indicando que “los hechos de violencia y las violaciones a derechos humanos que la CIDH ha monitoreado a través de sus visitas, informes de país y otros mecanismos de monitoreo respecto de Guatemala y México en los últimos años ponen en evidencia que estos países no contarían con las condiciones para ofrecer las garantías de seguridad que un tercer país seguro debe garantizar. Este acuerdo podría aumentar las condiciones de vulnerabilidad para las personas”.
 
Las organizaciones sostenemos que, siendo Guatemala un país tradicionalmente emisor y no receptor de solicitantes de asilo, y teniendo en cuenta los altos índices de violencia documentados en el país, resulta extremadamente preocupante que se haya dado inicio a la implementación del ACA.
 
Así, solicitamos a la CIDH dar seguimiento a este acuerdo y requerir al Estado de Guatemala información oficial sobre la recepción de las personas transferidas por Estados Unidos en el marco del ACA. En particular, porque el alcance y los detalles sobre su implementación nunca han sido publicados. Ante ello, solicitamos información sobre: 
  • Los protocolos para la recepción de las personas transferidas en el marco del ACA;
  • Cifras reflejando el número exacto de personas transferidas a Guatemala, desagregadas por género, edad y nacionalida.
  • Los recursos dispuestos para brindar atención a las necesidades básicas de estas personas, incluida albergue, alimentación y atención sanitaria, entre otras;
  • Las medidas adoptadas para garantizar el acceso de las personas trasladadas al procedimiento de asilo en Guatemala;
  • Los protocolos para identificar necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta las vulnerabilidades particulares de niños y niñas, mujeres e integrantes de pueblos indígenas, entre otras; y
  • Las medidas implementadas para asegurar respeto al principio de no devolución.
Firman: 
 
Center for Gender and Refugee Studies (CGRS)
Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
Latin America Working Group (LAWG)
Alianza Americas
Projet Accompagnement Québec-Guatemala