Guatemala debe cumplir de manera inmediata con medidas de protección otorgadas a jueza Erika Aifán y magistrados de la Corte de Constitucionalidad
Publicación: 01.Noviembre.2019

1 de noviembre de 2019.- El pasado 28 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó el otorgamiento de medidas de protección a favor de la jueza de mayor riesgo Érika Aifán Dávila y de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana, José Mynor Par Usen y María Cristina Fernández, por reconocer que "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos".

A través de las medidas cautelares, la Comisión Interamericana constató “la existencia de una situación de grave riesgo, en relación con los derechos a vida e integridad personal”, así como la ausencia de medidas concretas implementadas por parte del Estado para disminuir los riesgos que enfrentan las y los operadores de justicia y respaldar institucionalmente su labor. En este sentido, la Comisión señaló que el Estado debe adoptar “las medidas necesarias para garantizar que los beneficiarios puedan llevar a cabo sus labores como juez y magistrados sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o amedrentamientos en el ejercicio de sus funciones”.

Las organizaciones internacionales que suscribimos, saludamos que estas hayan sido otorgadas y exigimos que el Estado de Guatemala avance de manera inmediata en su implementación para proteger la vida e integridad de los y las operadoras de justicia y garantizar condiciones propicias para el ejercicio de su labor.

Las medidas otorgadas por parte de la CIDH dan cuenta del fundamental rol que ejercen los jueces y juezas en la defensa de la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en Guatemala. Adicionalmente, la decisión del órgano interamericano adquiere particular relevancia frente al contexto guatemalteco, donde los y las operadoras de justicia enfrentan graves amenazas, hostigamiento, campañas de estigmatización, solicitudes de antejuicio interpuestas en su contra, presiones e injerencias, entre muchos otros riesgos que se incrementan ante la mayor polarización social y el debilitamiento institucional que aqueja al país.

En este sentido, la Comisión declaró que no puede obviarse “el contexto particular que atraviesa Guatemala en estos momentos, en el que las alegadas presiones e injerencias de parte de otros poderes del Estado y actores sociales poderosos influyen cualitativamente en la conformación de un clima particularmente hostil. En este inquietante panorama, las personas afectadas por las investigaciones o procesos en cuestión pueden verse adicionalmente alentadas en sus intimidaciones por la existencia de las campañas de desprestigio y apremiadas por el inexorable avance de sus causas respectivas”. 

Frente a las medidas otorgadas, las organizaciones firmantes reconocemos que un sistema de justicia independiente es esencial para la garantía de los derechos humanos y recordamos al Estado su obligación internacional de responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de garantizar que los y las operadoras de justicia puedan llevar a cabo sus labores sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o amedrentamientos en el ejercicio de sus funciones.

El Estado de Guatemala debe avanzar hacia la garantía de un ejercicio de la judicatura libre de presiones que afecten su imparcialidad e independencia.
 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEED)

Guatemala Human Rights Commission (GHRC-USA)

Impunity Watch Guatemala

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Plataforma Internacional contra la impunidad

Robert F. Kennedy Human Rights