Ciudad de Guatemala, 24 de marzo del 2017.- El día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia privada para supervisar el cumplimiento de catorce sentencias dictadas contra el Estado de Guatemala. Los casos tienen en común distintos obstáculos que impiden que haya justicia en relación con las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno que atravesó el país.
Durante su 57 Período Extraordinario de Sesiones, celebrado en Guatemala, la Corte IDH recibió información sobre los siguientes casos: Blake, Bámaca Velásquez, Paniagua Morales y otros (“Panel Blanca”), Mack Chang, Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”), Villagrán Morales y otros (“Niños de la Calle”), Tiu Tojín, Chitay Nech, Maritza Urrutia, Molina Theissen, Carpio Nicolle y otros y las Masacres de Plan de Sánchez, Río Negro y las Dos Erres.
En todos estos, pese a que la Corte IDH ordenó al Estado guatemalteco investigar, juzgar y sancionar a los responsables, el acceso a la justicia continúa siendo un gran pendiente y la impunidad es la regla. Los procesos penales internos casi no han tenido avances desde la última audiencia, que se celebró en mayo del 2014, lo que demuestra los problemas estructurales en la administración de justicia al interior del país.
Es importante ilustrar la gravedad de la situación de impunidad con algunas cifras: 7 de los casos supervisados no tienen al día de hoy una sola persona condenada por los hechos violatorios, estos son: Bámaca, Molina Theissen, Chitay Nech, Maritza Urrutia, Diario Militar, Villagrán Morales, Tíu Tojín; 5 de estos casos se mantienen en la etapa de investigación preliminar pero sin que existan diligencias dirigidas a avanzar en la obligación de investigar, solo en los 4 casos: Masacre de las Dos Erres, Myrna Mack, Río Negro y Plan de Sánchez se ha logrado sancionar a 21 militares de rango bajo o medio y patrulleros, pero ninguno de ellos en calidad de autor intelectual; además en forma contraria a lo que informa el Estado en su última comunicación, existen al menos 12 órdenes de captura pendientes de ejecutar.
Las trabas se presentan desde la etapa de investigación de los casos. En su mayoría, las medidas adoptadas por las autoridades no constituyen un plan adecuado que contenga hipótesis, líneas claras y lógicas de investigación, ni una estrategia o metodología dirigida a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de las violaciones a derechos humanos.
Por otra parte, apenas las causas llegan a ser judicializadas, se ven entorpecidas por el atraso y retardo en el Organismo Judicial, a partir de las diligencias maliciosas y dilatorias que promueven las defensas de los acusados, en gran parte miembros del ejército guatemalteco. Algunos jueces y magistrados han resuelto de manera ilegal y sin fundamentos para favorecer la impunidad, sobre todo cuando se trata de casos relacionados al conflicto armado interno.
A lo anterior se suman las acciones para estigmatizar, deslegitimar, hostigar y criminalizar la demanda de justicia de las víctimas y sus familiares. Para las organizaciones que las representan una de las principales preocupaciones es el discurso de odio y agresión que adoptan las personas cercanas a los militares acusados, que es tolerado incluso por instituciones del Estado de Guatemala.
Hoy 24 de marzo, que además se conmemora el día internacional del derecho a la verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, las organizaciones representantes de las víctimas esperamos que la audiencia de supervisión de cumplimiento sea una oportunidad para que las autoridades estatales rectifiquen sus actuaciones y adopten las medidas necesarias que garanticen verdad y justicia para las víctimas.
Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Guatemala – FAMDEGUA
Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achi- ADIVIMA
Asociación Verdad y Justicia – AVEJA
Bufete de Derechos Humanos
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH
Familia Molina Theissen
Fundación Myrna Mack
