Guatemala compareció ante la Corte Interamericana por la masacre de Las Dos Erres
La Paz, Bolivia, 16 de julio de 2009El pasado 14 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia pública en La Paz, Bolivia, sobre el caso de la Masacre de Las Dos Erres en contra de Guatemala. Durante la audiencia, el Alto Tribunal Interamericano escuchó las declaraciones de dos de las víctimas, un testigo y varios peritos que fueron propuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), representantes de las víctimas y sus familiares. Ramiro Osorio Cristales, uno de los niños que sobrevivió a la masacre se refirió a los hechos en los que fueron brutalmente asesinados sus padres y hermanos, junto con el resto de la comunidad, así como a las condiciones de maltrato, servidumbre y miedo en que tuvo que vivir luego de que fue sustraído por uno de los militares que participó en la masacre. Tanto él como, otra de las víctimas, Felicita Herenia Romero, narraron las consecuencias de estos graves hechos en sus vidas y la impotencia y dolor que les causa que ninguno de los responsables haya sido sancionado.Por su parte, Edgar Pérez rindió su testimonio sobre los obstáculos que han afrontado las víctimas y sus representantes en la búsqueda de justicia en este caso y se refirió a la complicidad de las autoridades para asegurar la impunidad a pesar de la contundencia de la prueba existente.Finalmente, la perita Claudia Paz informó a la Corte IDH sobre el contexto de impunidad relativo a los casos de graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado y sus principales causas. Las organizaciones representantes de las víctimas señalaron que el Estado guatemalteco es responsable por la violación de los derechos humanos a las garantías judiciales y protección judicial de los familiares de las víctimas de la masacre. Al respecto alegaron que la investigación correspondiente no ha sido llevada a cabo de forma completa por las autoridades, pues se ha omitido la realización de diligencias para determinar la identidad de los autores intelectuales de los hechos. Asimismo, señalaron que las autoridades guatemaltecas han sido cómplices del retardo de justicia, pues no han cumplido con su obligación de dirigir y encausar el proceso de manera adecuada al permitir el abuso de recursos judiciales por parte de los imputados y someter el caso al procedimiento establecido en la Ley de Reconciliación Nacional para decidir si los hechos son amnistiables, a pesar de que es indiscutible de que se trata de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto no pueden ser objeto de este beneficio. En sus alegatos acusaron al Estado guatemalteco de no adoptar medidas efectivas para reparar estas violaciones y prevenir que no sigan ocurriendo. Además, indicaron que el Estado de Guatemala es responsable por la violación a la integridad de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre, por el sufrimiento causado a raíz de la impunidad imperante luego de casi veintisiete años de ocurridos los hechos. Finalmente, alegaron la responsabilidad estatal por la violación a los derechos al nombre, a la familia y a la protección especial por su condición de niño en perjuicio de Ramiro Osorio Cristales. La Comisión Interamericana también se refirió a la ineficacia de la administración de justicia guatemalteca para investigar estos hechos y sancionar a los responsables.Se solicitó a la Corte que declare que en este caso no se puede aplicar la amnistía prevista en la Ley de Reconciliación Nacional. Además pidieron que se ordene crear una Unidad de análisis dentro del Ministerio Público a cargo de la investigación de patrones comunes de violaciones de derechos humanos y que se asigne un fiscal especial al caso. Asimismo señalaron la importancia de que los archivos militares relativos al conflicto armado interno se publiquen, incluyendo aquella información que permita establecer el paradero de los cientos de niños y niñas que fueron separados violentamente de sus familias. La representación de las víctimas espera que la Corte Interamericana declare la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por las violaciones cometidas y que esto contribuya al establecimiento de la verdad de lo ocurrido. También se debe ordenar la adopción de medidas concretas para reparar los daños causados a las víctimas y contribuir a que otras violaciones de este tipo sean esclarecidas y sus víctimas reparadas. Hechos del caso La Masacre de Las Dos Erres es una de las más cruentas barbaries cometidas por el ejército guatemalteco durante el conflicto armado. El 7 de diciembre de 1982, miembros de la fuerza especial kaibil ingresaron al Parcelamiento de Las Dos Erres acompañados por un pelotón de aproximadamente 40 soldados. A partir de ese momento sometieron a los pobladores a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Varias de las mujeres, incluyendo niñas y adolescentes fueron violadas repetidamente. Los niños y niñas fueron brutalmente golpeados y arrojados, muchos aun vivos, a un pozo en construcción. Las mujeres y los hombres fueron ejecutados a golpes y luego arrojados al pozo. A pesar de la gravedad de estos hechos y a que se cuenta con prueba contundente sobre la identidad de algunos de los autores materiales de los hechos, los mismos permanecen en la impunidad, gracias a la complicidad del sistema de justicia guatemalteco. Contacto en Costa RicaNancy Marín Espinoza Difusión y Prensa Tel: 506-2280-7473/7608 Fax: 506-2280-52Correo electrónico: nmarin@cejil.orgwww.cejil.orgEl Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.
Publicación: 11.Agosto.2009