Frente a informe de OACNUDH, exigimos justicia independiente en Nicaragua
Publicación: 30.Agosto.2018

San José, 29 de agosto del 2018- El día de ayer, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó su informe que reconoce la existencia de graves violaciones de derechos humanos que son responsabilidad de las autoridades estatales nicaragüenses, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, obstrucción de acceso a atención médica, detenciones arbitrarias o ilegales, tortura o malos tratos, y violencia sexual, entre otras. Así, la OACNUDH confirma hechos que fueran denunciados en el informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el mes de junio anterior.


Adicionalmente, el informe explicita que “al menos 300 individuos estarían siendo procesados por su implicación en las protestas, incluyendo al menos 9 mujeres y 10 menores de edad”. Este hecho es particularmente grave y emblemático porque ilustra la tercera fase de la represión estatal, que consiste en el abuso del derecho penal para fabricar causas penales y así intimidar a quienes han participado en actos de resistencia cívica y pacífica.


Desde CEJIL hemos hecho repetidos llamados de atención sobre los actos de violencia ocurridos hasta ahora, así como también sobre la falta de voluntad política del Estado de cesar la violencia. En esta nueva etapa, condenamos las detenciones arbitrarias y la criminalización que está impactando a numerosas personas; solo el pasado fin de semana la policía detuvo a varios/as jóvenes estudiantes, entre estos a Byron José Corea Estrada, Christopher Nairobi Olivas Valdivia, Luis Arnulfo Hernández Quiroz, y Juan Pablo Alvarado Martínez, Yaritza Yudith Rostrán Mairena, Víctor Manuel Obando Valverde y Levis Josué Artola Rugama  quienes se les está imputando cargos graves como terrorismo y homicidio.


Hace escasos días, los jóvenes Brandon Lovo y Glen Slate fueron declarados culpables del asesinato del periodista Ángel Gahona, pese a la existencia de prueba que demuestra su inocencia. Esta condena ocurrió en un juicio sin observación internacional, a puertas cerradas, y en donde la abogada defensora denunció haber sido objeto de amenazas mientras la familia del comunicador debió huir del país para evitar represalias en su contra. Actuaciones de este tipo ilustran las vulneraciones graves al derecho a defensa y debido proceso en Nicaragua.


Es importante señalar que son los jueces, juezas y fiscales que están llevando a cabo estos procesos, quienes están comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado, al no realizar investigaciones diligentes, ni tampoco juzgar con independencia e imparcialidad. Sus actuaciones no quedarán impunes.


Como lo ha dicho la CIDH, en su informe sobre criminalización, los operadores de justicia deben “efectuar un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana […] deben velar por la correcta aplicación del derecho y la búsqueda de la verdad de los hechos sucedidos, actuando con profesionalismo, buena fe, lealtad procesal, considerando tanto elementos que permitan acreditar el delito y la participación del imputado en dicho acto, como también los que puedan excluir o atenuar la responsabilidad penal del imputado”.


Como organización de derechos humanos, exigimos a los operadores/as de justicia, que cumplan con sus obligaciones de garantizar el acceso a la justicia de manera imparcial, independiente y libre de presiones indebidas.


Instamos a la comunidad internacional a mantener el foco sobre el país y continuar realizando acciones para que se restablezca la democracia. En particular, pedimos interceder por la liberación de las personas injustamente acusadas de crímenes penales. Esta crisis no puede pasar por alto ni invisibilizarse, mientras cientos de personas son amenazadas, amedrentadas y sometidas a procesos injustos.


Saludamos el informe que ha realizado la OACNUDH y esperamos que pueda seguir monitoreando el cumplimiento de las recomendaciones ahí establecidas.


Por último, nos sumamos a las voces que piden a los Estados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abordar la situación de Nicaragua y establecer algunas acciones inmediatas para contribuir a la resolución que esta crisis.