Foro de Justicia: Fiscalización ciudadana busca mejoras significativas en el proceso de selección en la Asamblea Legislativa
Publicación: 15.Marzo.2019

● Se reconoce la adopción de una metodología de puntaje por parte de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos.
● Algunos rubros de la calificación necesitan revisión para evitar dobles puntajes o atestados que no son verificados.
● El 40% del rubro de entrevistas es excesivo considerando que las entrevistas no tienen estructura, ni contenidos claros.
● Ausencia de criterios de paridad de género.

San José, 15 de marzo del 2019.- El Foro de Justicia recibió el Informe del Segundo Panel Independiente para la Elección de Magistraturas. Este ejercicio fue realizado por un grupo organizado independiente, de cinco personas con amplio conocimiento en la materia, que observó la dinámica de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa durante la selección de las vacantes para la Sala Constitucional y Penal.

Gracias al serio trabajo voluntario del Segundo Panel Independiente, se pudo documentar la dinámica de las entrevistas a las personas postulantes, con datos específicos para cada uno de ellos. Este es uno de los puntos más críticos que se señalan en el Informe final del Panel, debido a la carencia de criterios uniformes y el elevado porcentaje otorgado a la entrevista de manera totalmente discrecional:

“No se cuenta con una metodología para la entrevista. La disparidad en el número de preguntas, tiempo de la entrevista, tema de las preguntas, impide conocer cuál es el objetivo de las entrevistas: si evaluar las competencias laborales, conocer la opinión sobre determinados temas, valorar la solvencia académica, determinar el conocimiento de la institución a la que aspiran, ponderar los aportes a la institución y a la sociedad. No hay uniformidad en el tiempo de la entrevista ni en el número de preguntas; la entrevista puede durar 13 o 45 minutos, y hacerse 3 o 31 preguntas. El Tribunal que examina también varía en su número: pueden examinar 4 o 7 personas. Hubo quien estuvo solamente en 8 de las 23 entrevistas para la Sala Penal, y quien estuvo en todas las audiencias”.

Entre otros aspectos por mejorar que fueron documentados y señalados por el Segundo Panel Independiente se encuentran:
• Aumentar la publicidad, participación ciudadana y transparencia del procedimiento,
• Crear un perfil profesional para cada vacante,
• Incluir criterios de paridad de género,
• Revisar los puntajes: eliminación de la sustitución de los títulos de posgrado por los años de experiencia, comprobación de la experiencia profesional y disminución a 15% del valor de la entrevista,
• Incorporación de un examen de conocimientos escrito, y una prueba psicológica,
• Publicidad y justificación del voto, y de las ternas que se envían al plenario.

Los Paneles Independientes, tanto el primero (2018), como éste, han constituido un hito como ejercicio de fiscalización ciudadana. La contribución es evidente, si se toma como indicador el nivel de discusión que se ha generado en torno a estos nombramientos; trascendiendo más allá de las expresiones de malestar general o la desacreditación de todo el proceso. Ahora que la opinión pública cuenta con información generada por estos paneles, se ha generado una mayor atención de los medios de comunicación y se discute sobre aspectos específicos de mejora (puntajes en la metodología, estructura de la entrevista, lobby, etc.), que promueven la escogencia de las personas más preparadas dentro de la lista de candidaturas existente.

De la misma manera que lo hizo el Panel Independiente, el Foro de Justicia, como plataforma propositiva, retomará los resultados de este Informe para seguir promoviendo que la escogencia definitiva de magistrados y magistradas esté marcada por el mérito y la capacidad de las personas, en el marco de un procedimiento con los más altos estándares de participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia.

Queremos señalar además que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos “ha reafirmado la protección a la libertad de expresión respecto de las opiniones o informaciones sobre asuntos en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado, o afecta derechos o intereses generales o le acarrea consecuencias importantes” (Caso Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Fondo, Reparaciones y Costas. párr. 61).

Resulta, por tanto, contrario a las obligaciones del Estado de garantizar la libertad de expresión y los principios democráticos, que altos funcionarios y funcionarias hablen de posibles acciones judiciales contra un grupo ciudadano y de organizaciones, que pretende ejercer esos derechos y que ha realizado un ejercicio legítimo con base en la información que consta en los propios expedientes legislativos.

El Foro de Justicia está conformado por la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (FD-UCR), el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal (ILANUD), la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (MCP-UCR), el Programa Estado de la Nación/CONARE (PEN) y, en calidad personal, Luis Antonio González Jiménez. Para consultas o colaboraciones al Foro de Justicia puede escribir a luisantonio.gonzalezjimenez@gmail.com

Revisar el informe del Panel Independiente: 

Descargar documentos »