Fiscal General de México debe hacer convocatoria pública y abierta para debatir y justificar sus propuestas de reforma a la Legislación Orgánica de la Fiscalía
● Preocupa a las organizaciones firmantes el retroceso y recorte de la autonomía constitucional de la fiscalía y la posible eliminación de importantes mecanismos de rendición de cuentas. ● La reforma debe ser justificada objetivamente por el Fiscal General en la necesidad del mejor funcionamiento de la institución y no debe desnaturalizar el modelo de fiscalía.
Publicación: 21.Agosto.2019
Foto de : Revista Proceso

México, 21 de agosto de 2019.- Antes del cierre de la primera sesión legislativa del año, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República de México, Julio Ramón Menchaca, declaró públicamente que dicho órgano parlamentario procedería a analizar las propuestas que se presenten para modificar la reciente legislación orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR), incluyendo las que fueran presentadas por el propio Fiscal General, Alejandro Gertz Manero. Ante el inicio del próximo periodo de sesiones del Senado Mexicano en septiembre, las organizaciones firmantes resaltamos la necesidad de que la Fiscalía realice un debate abierto y con la participación de la sociedad civil ante cualquier propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la FGR.

Asimismo, expresamos nuestra preocupación porque se impulsen reformas que puedan significar un debilitamiento de la autonomía constitucional de la fiscalía, y un retroceso en lucha contra la impunidad en el país.

De acuerdo con el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la LOFGR, el Fiscal General tiene la facultad de formular reformas constitucionales, legales y reglamentarias luego de transcurrido un año desde su nombramiento. Sin embargo, esa misma norma también limita las posibles reformas a aquellas que sean “necesarias para la operación óptima del modelo de Fiscalía General de la República”. Además, la ley exige que las propuestas del Fiscal General sean producto de una convocatoria pública para “identificar y discutir” las posibles modificaciones, y no de la iniciativa exclusiva del titular de la institución.

Debe recordarse que la construcción de la LOFGR fue el resultado de un proceso participativo, al cual fueron convocados diversos sectores y expertos de la sociedad civil y la academia mexicana (el Centro de Investigación y Docencia Económicas-CIDE, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM), interesados en avanzar hacia una nueva etapa en la procuración de justicia e involucrados en promover una nueva Fiscalía General autónoma, independiente y eficaz, que fuera capaz de asumir el reto de combatir la impunidad en el país y garantizar el derecho a la justicia de miles de víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

El modelo que resultó plasmado en la FGR se caracterizó por incorporar diversos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la nueva institución con el objeto de fortalecer su autonomía. Entre estos mecanismos se encuentran la obligación de elaborar y aprobar un Plan de Persecución Penal con participación de la sociedad civil; la obligación de llevar adelante procesos transparentes, abiertos, meritocráticos y participativos para elegir a los cuatro Fiscales Especializados (Asuntos Electorales, Combate a la Corrupción, Derechos Humanos y Control Interno); y la creación de un Consejo Ciudadano de la Fiscalía como órgano de consulta y apoyo de la institución. La ley también introdujo un modelo de investigación caracterizado por su flexibilidad para adaptarse a la persecución de crímenes complejos, y para atraer los casos de mayor impacto social a nivel federal, lo que significó un nuevo enfoque para responder a las graves violaciones a derechos humanos en el país.

En este momento crítico para México, vemos con preocupación que desde su nombramiento y hasta la fecha, el Fiscal General no ha dado señales de compromiso con el modelo de fiscalía autónoma que México necesita, al incumplir lo previsto en su propia legislación orgánica en varios aspectos. Esto se ha evidenciado en la designación directa y sin proceso de selección de varios Fiscales Especializados, y en la ausencia de una convocatoria pública para recibir los insumos ciudadanos para la construcción del Plan de Persecución Penal de la FGR. El Consejo Ciudadano de la Fiscalía, cuyos primeros miembros debieron ser nombrados por el Senado antes del 1 de marzo de 2019, y que constituye un órgano fundamental para la rendición de cuentas de la institución, tampoco ha sido instalado.

En ese sentido, exhortamos al Fiscal General a seguir el procedimiento público y abierto previsto en la LOFGR para la identificación, debate y formulación de reformas al marco normativo que establece el diseño y funcionamiento de la nueva Fiscalía General. Este proceso debe garantizar que cualesquiera modificaciones que se pretenden introducir, estén debidamente justificadas, basadas en datos objetivos y en la necesidad de optimizar el modelo de fiscalía que fue implantado incluso antes de su nombramiento como producto del consenso de los sectores sociales y políticos. Asimismo, hacemos un llamado al Senado para que evalúe la justificación de las propuestas, y mantenga la apertura para el debate técnico, profundo y participativo, considerando que el diseño institucional de la fiscalía forma parte de una apuesta decidida para enfrentar la impunidad.

La lucha por una fiscalía que sirva en México es un largo camino por el acceso a la justicia de las víctimas de serios crímenes y violaciones a los derechos humanos, por acabar con una de las principales causas estructurales de la impunidad en el país, y por recuperar la confianza ciudadana en esta institución. Esta conquista podría enfrentar un grave riesgo si se aprueban modificaciones que recorten la autonomía de la institución, o que reproduzcan las históricas prácticas de obscuridad y discrecionalidad que caracterizaron la procuración de justicia en el país en las últimas décadas. México debe honrar su compromiso con la protección de los derechos humanos de sus ciudadanas y ciudadanos, mediante el fortalecimiento y no el debilitamiento de esta importante institución.


Organizaciones firmantes:
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Robert F. Kennedy Human Rights
Amnistía Internacional
World Organization Against Torture (OMCT)
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWG)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)