Exponen la grave situación de represión contra la protesta social en el Perú
CEJIL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) denunciaron la grave situación de la represión contra la protesta social en el Perú en una audiencia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos el 17 de marzo de 2015.  
Publicación: 08.Abril.2015

CEJIL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) denunciaron la grave situación de la represión contra la protesta social en el Perú el 17 de marzo de 2015.

Se resaltó el uso abusivo de la fuerza contra los manifestantes, la persecución penal de quienes participan en movilizaciones, y la estigmatización de los dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos que brindan soporte a los manifestantes.

De acuerdo a los peticionarios, en el Perú se han producido 136 ejecuciones extrajudiciales de manifestantes desde el 2003 a la fecha. Desde el 2011, 40 civiles han muerto a manos de agentes del orden, en situaciones de protesta social. Aunque la mayoría de las víctimas han sido hombres adultos, también hay mujeres (8%) y niños (10%) entre los fallecidos.

Además de las víctimas mortales, al menos 652 civiles han resultado lesionados. En muchos casos las fuerzas del orden dejaron a las personas gravemente discapacitadas de por vida. De acuerdo a los peticionarios, existe una impunidad absoluta en los casos de uso abusivo de la fuerza perpetrados desde el 2003 a la fecha ya que no se ha condenado a ningún responsable.

En el Perú, el uso abusivo de la fuerza tiene un carácter marcadamente discriminatorio, ya que la violencia empleada para reprimir las protestas es muy superior en las zonas rurales e indígenas del país. Asimismo, también es desmedida la intervención de efectivos vinculados a la División de Operaciones Especiales en situaciones de protesta social, al tratarse de un cuerpo policial entrenado para hacer un uso extremo de la fuerza, en acciones para el control del narcotráfico y el terrorismo.

Como muestra de esta situación, se mencionó la actuación del Ministerio del Interior, encabezado por el General en retiro Daniel Urresti Elera durante las protestas llevadas a cabo a finales del 2014 e inicios del 2015 contra la Ley Nº 30288 que promovía el acceso de Jóvenes al Mercado Laboral y a la Protección Social. Esta norma generó el rechazo multitudinario de los jóvenes por cuanto establecía un régimen laboral con recortes significativos en derechos respecto al régimen general del trabajo. Por ello, se organizaron cinco movilizaciones en Lima, durante las cuales la CNDDHH documentó acciones de uso abusivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y ataques a periodistas. Como consecuencia, el Ministerio del Interior realizó acciones de intimidación contra 20 líderes y defensores que brindaron su respaldo a las movilizaciones, entre ellas una denuncia preventiva (por delitos que pudieran perpetrarse en el futuro), en la que se encontraba comprendida la Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH, Rocío Silva Santisteban.

Al finalizar la audiencia, las organizaciones participantes solicitaron a la Comisión que pidiera al Estado peruano establecer una regulación de los procedimientos para el uso de la fuerza en situaciones de protesta social; eliminar los acuerdos entre empresas privadas y agentes de seguridad pública para la prestación de servicio; canalizar la información sobre el número de muertos civiles por agentes públicos durante protestas,  y garantizar el acceso a la justicia y reparación de las personas afectadas por el uso abusivo de la fuerza, entre otros puntos. También se le solicitó a la Comisión que monitoree la situación de represión de protesta social a través de todo el hemisferio y que haga un seguimiento concreto de los casos que se han presentado dentro de diferentes informes sobre la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos.