Exigimos una política pública efectiva e integral por quienes defienden los derechos humanos en Colombia
A la luz de los primeros 100 días de gobierno del Presidente Colombiano Iván Duque, desde CEJIL resaltamos la alarmante postergación de la adopción una política pública anunciada para la protección y promoción del trabajo de personas defensoras de derechos humanos.
Publicación: 14.Noviembre.2018

Washington, D.C., 14 de Noviembre, 2018.-  A la luz de los primeros 100 días de gobierno del Presidente Colombiano Iván Duque,  desde el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) resaltamos la alarmante postergación de la adopción de una política pública anunciada para la protección y promoción del trabajo de personas defensoras de derechos humanos.

Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos.En lo que va del 2018, el Instituto de Estudios por el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) calcula que han muerto más de 200 personas de este colectivo y los números siguen aumentando. Como resultado, el presidente Iván Duque firmó el pasado 23 de agosto el “Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos” e indicó que se implementaría una política pública a finales de septiembre para atender a las muertes de defensores. A la fecha, no se han anunciado los detalles del plan, ni se ha transparentado el proceso de diseño.

Si bien su anuncio fue un reconocimiento de la difícil situación vivida por las personas defensoras de derechos humanos en el país, la demora y falta de transparencia han generado algunas preocupaciones sobre su desarrollo. Por ello,  hemos enviado una carta  al ejecutivo en donde señalamos los principios que, a partir de nuestra experticia en el derecho internacional, deberían guiar el proceso de diseño, implementación y evaluación de la política.

Entre los puntos más importantes, se destacan la necesidad de desarrollar un proceso abierto y participativo, para que la política atienda a la realidad de las personas defensoras en Colombia. Asimismo, en todas sus etapas, debería reflejar la diversidad de las personas defensoras en Colombia, y abordar los riesgos diferenciados que sufren algunas de ellas, como por ejemplo las mujeres defensoras y defensores/as de la tierra. A su vez, se debería garantizar una estrategia integral para articular los esfuerzos de prevención, protección, investigación, y reparación. Por último, se deberían identificar y abordar todos los fenómenos que impiden el derecho a defender derechos, entre ellos las amenazas.

Resulta sumamente preocupante que a dos años de la firma de los Acuerdos de Paz, quienes protegen las vidas y los derechos de los y las colombianas continúen enfrentándose a niveles tan altos de violencia. Todas aquellas personas que han brindando una voz a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en Colombia tienen el derecho de vivir en paz y desarrollar sus labores sin arriesgar sus vidas. Desde CEJIL, esperamos una respuesta  por parte del Ejecutivo que atienda a nuestra exigencia de mayores y mejores protecciones por quienes defienden los derechos humanos en Colombia. Asimismo, nos mantenemos fimes en nuestro compromiso de apoyar el trabajo de personas defensoras y a sociedad civil en mejorar la respuesta de los Estados para garantizar el derecho a defender derechos.