Exigimos respuesta inmediata del Estado Colombiano ante centenar de muertes de líderes sociales ocurridas en el primer semestre del año
Publicación: 06.Julio.2018

Washington, D.C. 6 de Julio, 2018.-  Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra alarma sobre la grave situación que atraviesan  las personas defensoras de derechos humanos en Colombia.

Solamente en lo que va del 2018 se han registrado 119 asesinatos de líderes sociales. La Defensoría del Pueblo denunció este miércoles que en Colombia matan a un activista cada tres días. Estas cifras resultan sumamente preocupantes ya que indican un aumento total en el número de personas defensoras asesinadas en el 2017 –estimadas entre 106 y 119—, e indican que aún no se han trazado políticas públicas adecuadas de prevención y protección para garantizar que este colectivo pueda ejercer su labor de manera libre, digna y segura.

A la luz de esta oleada de violencia contra líderes sociales, enviamos una carta el pasado viernes al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, señalando las limitaciones de la recientemente adoptada Directiva No. 0002 en la medida en la que no incorporara algunos de los estándares internacionales relevantes para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado en proteger e investigar crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos.  Desde entonces han muerto más activistas, incluyendo Ana María Cortés, líder comunitaria del bajo Cauca y secretaria de la campaña municipal del excandidato presidencial Gustavo Petro.
 
Ante estos asesinatos, reiteramos nuestro pedido a la Fiscalía de responder de forma urgente y efectiva a la persecución de líderes sociales en Colombia. Las políticas públicas diseñadas para proteger el trabajo de personas defensoras deben atender la impunidad que está potenciando esta crisis dentro del país. A su vez, debe haber un proceso de monitoreo para analizar la efectividad y transparencia de la implementación de estos procesos. Por otra parte, se tienen que abordar las amenazas que preceden las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. Uno de los talones de Aquiles de la prevención de ataques en contra de defensores es la impunidad que impera en la mayoría de estos crímenes y alimenta la violencia en contra de ellos. En 2017, por ejemplo, se registraron 370 amenazas en contra de líderes sociales. En ese sentido, es imperativo abordar la falta de investigación adecuada de amenazas para garantizar la protección eficaz y la promoción del trabajo de personas defensoras.

La paz se tiene que extender a todos los habitantes del país, pero de forma particular a todas aquellas personas que están jugando un papel fundamental en tejer una nueva Colombia. Desde CEJIL, señalamos que el Estado colombiano debe pronunciarse en contra de estos asesinatos. Exigimos políticas integrales de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos; y sanción de las amenazas, agresiones y asesinatos en contra de ellas. Finalmente, nos sumamos en solidaridad al luto colectivo que se llevará acabo hoy en Colombia y al nivel internacional que reclama #NosEstánMatando