Exigimos debido proceso para las personas excarceladas y quienes siguen privadas de libertad en Nicaragua
Publicación: 28.Febrero.2019

San José, Costa Rica, viernes 1 de marzo de 2019.- El miércoles 27 de febrero el gobierno de Nicaragua concedió de manera unilateral y arbitraria, medidas sustitutivas a 100 personas privadas de libertad en el marco de la crisis que inició en el país el 18 de abril de 2018.


En su mayoría, estas personas se encontraban criminalizadas por su participación en manifestaciones y otros actos de defensa de derechos humanos y reivindicación democrática en Nicaragua. Entre las personas a las que se concedió medidas sustitutivas a la prisión se encuentra Ruth Matute Valdivia, quien fue privada de libertad el pasado 7 de octubre de 2018, acusada de fabricar bombas de contacto. Debido a su delicada condición médica y a las condiciones de hacinamiento, insalubridad y falta de cuidado médico adecuado, la CIDH le concedió medidas de protección por la situación de riesgo a su vida el pasado 4 de febrero.


Desde el inicio de la crisis ─según datos de la CIDH─ alrededor de 550 personas han sido detenidas por motivos políticos y sometidas a procesos penales arbitrarios y sin garantías al debido proceso. Pese a la decisión tomada por el gobierno orteguista el día de ayer, la gran mayoría sigue enfrentando procesos por graves acusaciones de delitos comunes y actos de terrorismo por su participación en manifestaciones y otros actos de carácter político. En algunos casos, incluso se ha denunciado la falta de atención médica y garantías de salud para quienes padecen enfermedades. 


Cabe destacar que la excarcelación se produjo en el marco del inicio de conversaciones políticas para la negociación de una salida a la crisis, 10 meses después de su estallido y en un marco de rompiminento institucional que ha implicado el cierre absoluto a los espacios de participación ciudadana. En ese sentido, recordamos la necesidad de que dicho proceso tenga en cuenta la voz y las reivindicaciones de las víctimas de violaciones a sus derechos y sus familiares, así como de las organizaciones de la sociedad que defienden una Nicaragua libre de violencia y garante de los derechos humanos.


Desde CEJIL exhortamos nuevamente a todas las autoridades de Nicaragua, especialmente al gobierno y el sistema judicial, proceder a la liberación total y libre de cargos en sus hojas de antecedentes penales a aquellas que se encuentran acusadas por delitos políticos, así como a garantizar los derechos de quienes aún se encuentran en privación de libertad.