El Estado paraguayo admitió ante la CIDH que realizaron excepciones para enrolar adolescentes en los cuarteles
Publicación: 18.Octubre.2019

Buenos Aires, Argentina 18 de octubre, 2019.- El pasado lunes 14 de octubre se realizó una reunión de trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Víctor Hugo Maciel en la ciudad de Asunción, Paraguay.

Víctor Hugo Maciel falleció a los 16 años de edad por el excesivo esfuerzo físico realizado mientras se encontraba cumpliendo con el servicio militar obligatorio (SMO). Debido a este caso y otros similares, Paraguay reformó su legislación prohibiendo el enrolamiento de personas menores de edad en los cuarteles.

Sin embargo, durante la reunión de trabajo y ante la presencia del Comisionado y Relator del país, Joel Hernández, el Estado reconoció haber hecho excepciones a inicios de este año, permitiendo el enrolamiento de adolescentes en el SMO, incumpliendo de este modo con su legislación y con lo ordenado por la CIDH como garantías de no repetición en el Informe de fondo No. 85/09.

Respecto a la obligación de investigar los hechos, otra de las reparaciones que continúa incumplida, el Ministerio Público informó que a partir de septiembre el caso quedó a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos. En ese sentido, la abogada Natalia Rodríguez, asesora jurídica del SERPAJ Paraguay, mencionó que si bien esta decisión representa un avance formal, no hay avances de fondo en la investigación y el caso continúa en la impunidad.

“Es extremadamente preocupante que hayan menores en el Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y Formación de Oficiales de Reserva. Esto va en contra de las obligaciones internacionales, los compromisos asumidos y la propia legislación. El Estado debe informar medidas claras para que esto no vuelva a ocurrir y alertar si existen aún menores”, expresó María Noel Leoni, Directora para el Cono Sur y Bolivia de CEJIL.

Desde CEJIL y SERPAJ Paraguay seguiremos acompañando a la familia de Víctor Hugo Maciel en la búsqueda de justicia y exigiendo al Estado paraguayo a que cumpla con las reparaciones ordenada por la CIDH.

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