Estado hondureño debe proteger a indígenas tolupanes
A año y medio de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara las medidas cautelares para la protección de 18 integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus familiares –en su mayoría indígenas tolupanes–, Honduras continúa incumpliendo el mandato de este órgano internacional. No sólo no ha brindado protección física a las personas beneficiarias sino que ha omitido su obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de  los graves hechos que afectan a dichos indígenas.
Publicación: 13.Julio.2015

San José y San Pedro Sula, 13 de julio 2015.- A año y medio de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara las medidas cautelares para la protección de 18 integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus familiares –en su mayoría indígenas tolupanes–, Honduras continúa incumpliendo el mandato de este órgano internacional. No sólo no ha brindado protección física a las personas beneficiarias sino que ha omitido su obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de  los graves hechos que afectan a dichos indígenas.

Los beneficiarios de las medidas de protección se han destacado por reclamar la participación justa y equitativa de los pueblos indígenas en los planes de manejo forestal de las zonas protegidas por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF). Esta defensa activa del medio ambiente ha provocado que los indígenas tolupanes, residentes en la comunidad de San Francisco, Locomapa, ubicada en el departamento de Yoro, sean víctimas de constantes actos de hostigamiento, amenazas y agresiones.

Previo al otorgamiento de las medidas de protección, en agosto del 2013, los líderes indígenas María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina fueron asesinados mientras participaban de una protesta pacífica. Asimismo, durante la vigencia de las medidas asesinaron a los indígenas Erasio Vieda Ponce y Luis de Reyes Marcía, este último esposo de Consuelo Soto, una de las beneficiarias de las medidas quien también sufrió atentados contra su vida. Todos estos hechos permanecen impunes pese a que existen testigos que identifican a los autores materiales de los mismos.

Ante el incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado hondureño, siete indígenas tolupanes se encuentran acampando a las afueras de Casa Presidencial, donde llevan catorce días en huelga de hambre, exigiendo al gobierno el cumplimiento inmediato de su obligación de protegerlos. Este esfuerzo se suma a las manifestaciones de indignados e indignadas que también permanecen allí en huelga de hambre, desde el pasado 22 de junio.

“La indiferencia de las autoridades ante estos hechos es preocupante, el Estado debe garantizar el derecho de los indígenas tolupanes a defender sus recursos naturales sin ser objeto de agresiones ni cualquier tipo de violencia”, manifestó Víctor Fernández Guzmán, Coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organización hondureña que lucha contra la corrupción y por la defensa de los recursos naturales.

La solicitud de medidas cautelares fue realizada el 19 de noviembre del 2013 por el MADJ y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Dichas medidas fueron otorgadas por la Comisión un mes después, determinando la obligación del Estado de proteger a 18 indígenas tolupanes y sus familiares, que en total suman 38 personas.

“La protección efectiva de los defensores y defensoras de derechos humanos contribuye a fortalecer el Estado de derecho y la institucionalidad democrática, por ello CEJIL hace un llamado urgente a Honduras para que implementen las acciones necesarias que protejan la vida e integridad de las y los beneficiarios de las medidas cautelares, en particular, debe investigarse diligentemente a las personas responsables de los asesinatos y atentados contra los tolupanes y proceder a juzgarles y sancionarles en el menor plazo posible” afirmó Marcia Aguiluz, Directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.

(crédito de foto: Protesta Ciudadana)