Estado de Guatemala cuestiona las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se niega a cumplirlas
Publicación: 18.Mayo.2014

San José, Costa Rica domingo 18 de mayo del 2014. El Estado de Guatemala nuevamente manifestó su negativa a cumplir con la obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Esto ocurrió en una audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado viernes 16 de mayo en San José, Costa Rica.

La Corte IDH convocó a una audiencia privada para analizar el cumplimiento de las sentencias dictadas en los casos Nicholas Chapman Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, Tiu Tojin, Florencio Chitay Nech, Mack Chang, Niños de la calle (Villagran Morales y otros), Bámaca Velásquez, Molina Theissen y Masacre de las Dos Erres. En la audiencia participaron víctimas y representantes del Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la Fundación Myrna Mack y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

En la audiencia, que tuvo una duración de dos horas, se destacaron los diversos obstáculos que existen en Guatemala y que impiden avanzar con la verdad y la justicia. Se mencionaron las dificultades que se enfrentan en las etapas iniciales de investigación, tales como la falta de acceso a la información en poder del Ministerio de la Defensa. A su vez, se reiteró el problema relativo al uso abusivo de los recursos de amparo y la complicidad de las autoridades que los acogen con el único objetivo de dilatar los procedimientos.

Las víctimas y las organizaciones representantes se refirieron a la paralización de varios procesos en virtud de acciones de la defensa que pretenden la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional para eximir de responsabilidad a militares presuntamente involucrados en masacres, desapariciones forzadas y otras graves violaciones.

Asimismo, se denunció ante la Corte IDH la reciente decisión del Congreso de la República de Guatemala (punto resolutivo 3-2014), que expresamente desconoce los compromisos internacionales asumidos por el Estado, niega el genocidio, interfiere indebidamente con la independencia judicial y anuncia una reforma que podría implicar la amnistía de casos vinculados con el conflicto armado.

Al respecto, en numerosas sentencias la Corte Interamericana ha señalado que en casos graves de violaciones de derechos humanos es inadmisible la aplicación de figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción y el establecimiento de otras medidas excluyentes de responsabilidad.

En la audiencia también se reconocieron los avances en el combate a la impunidad, pero se señaló que ello fue posible gracias al decidido impulso de las víctimas y a la voluntad política de algunos actores clave en puestos de la administración de la justicia. Sin embargo, se expresó la preocupación por inminentes cambios institucionales que podrían hacer retroceder los avances de los últimos años.

Las víctimas y las organizaciones se lamentaron por la posición expresada por el Estado de Guatemala, que negó abiertamente su obligación de garantizar justicia y verdad. Además dedicó la mayor parte de su tiempo a justificar la impunidad para los perpetradores de miles de ejecuciones extrajudiciales, centenares de masacres, decenas de miles desapariciones forzadas, entre otras violaciones que lesionan los principios más esenciales de la humanidad.

Los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) le recordaron al Estado sus obligaciones internacionales y la consistente jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación con el deber de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen actuaciones contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales. También expresaron su preocupación por la aprobación del Punto Resolutivo 3-2014 por parte del Congreso. Dichas preocupaciones fueron plasmadas en un comunicado de prensa publicado este viernes. Ver comunicado

Lucrecia Molina, una de las víctimas presentes en la audiencia, habló en nombre de su hermano desaparecido forzadamente, Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años de edad, solicitándole a la Corte mantener presentes a las víctimas del conflicto armado y afirmó que “el Estado guatemalteco violó su propia legalidad para perseguirnos, para victimizarnos, para masacrar, para perpetrar el genocidio, para desaparecer a millares, y ahora nos niega nuestro derecho a la verdad y a la justicia”.

En los próximos meses, la Corte Interamericana dictará una nueva resolución de sobre Guatemala por lo que las víctimas y sus representantes le solicitaron contundencia al recordarle al Estado sus compromisos internacionales así como reiterar una serie de medidas específicas para que las autoridades avancen con efectividad en la identificación y sanción de los responsables de los hechos.

Hacemos un llamado a las autoridades guatemaltecas para que reconsideren su posición a todas luces violatoria del derecho internacional y de los derechos de las víctimas. Guatemala debe procurar la paz social mediante la garantía de acceso al derecho a la verdad y a la justicia.

Enlaces Relacionados:

Comunicado CIDH: CIDH insta a Guatemala a continuar avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y en la lucha contra la impunidad

Contacto de Prensa

Daniela Araya

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daraya@cejil.org

Información de Contexto

En el conflicto armado fueron asesinadas al menos 200 000 personas y 45 000 fueron desaparecidas forzosamente. No obstante, desde 1996 solo se ha condenado a 31 responsables en siete casos, lo que significa que menos del 1% de las graves violaciones han tenido alguna respuesta del Estado.

El Estado de Guatemala ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 1978 y reconoció la de la Corte Interamericana en 1987. Es el segundo país con más sentencias de la Corte Interamericana, las cuales se refieren en su gran mayoría a graves violaciones de derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres.

De acuerdo con los representantes de las víctimas, los principales obstáculos para el cumplimiento, ya conocidos por la Corte IDH, incluyen:

  • Ausencia de un plan adecuado de investigación
  • Falta de acceso a información en poder del Ministerio de la Defensa y del Instituto de Previsión Militar que impide identificar los perpetradores
  • Persiste un uso abusivo de los recursos de amparo y otros recursos procesales
  • Complicidad por parte de las autoridades a la hora de conocer los casos y tramitarlos
  • Falta de ejecución de órdenes de detención de personas presuntamente involucradas
  • La no garantía de la trasparencia e idoneidad de los operadores de justicia