Estado boliviano reconoce públicamente su responsabilidad internacional en el caso MZ
Publicación: 28.Agosto.2009

Bolivia, La Paz

El día de hoy, el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Bolivia, Embajador David Choquehuanca, ha reconocido públicamente la responsabilidad internacional del Estado boliviano en el caso MZ, mediante un acto público llevado a cabo en la sede de la Cancillería Nacional.

El caso MZ fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos, el 22 de noviembre de 2000, por la Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba, el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de la víctima, quienes denunciaron la violación de los derechos y garantías judiciales de la Sra. MZ consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Covención de Belém do Pará”.

El 11 de marzo de 2008, en el marco del 131 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, las partes suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa en el cual el Estado de Bolivia reconoce su responsabilidad por los hechos del caso, haciéndose también eco de la situación de muchas mujeres víctimas de violencia sexual que han sido discriminadas por el sistema de justicia en violación de sus derechos a una vida libre de violencia y a la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres en Bolivia. En dicho acuerdo el Estado asume el compromiso de llevar adelante una serie de políticas públicas destinadas a garantizar el respeto de los derechos de todas las mujeres bolivianas tal como está consagrado en los pactos internacionales de los que Bolivia es parte.

CEJIL y la Oficina Jurídica de la Mujer de Cochabamba celebran el presente reconocimiento de responsabilidad internacional y esperan que el mismo sea un punto de partida para llevar adelante las reformas legales y administrativas necesarias para erradicar la discriminación de género en la administración de justicia en Bolivia.

 

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