#EnlaCorteporJusticia: Corte IDH escuchará a familiares de Jimmy Guerrero y Ramón Molina, víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela
Nueva modalidad virtual ofrece recurso para recolección de pruebas ante Tribunal Interamericano por COVID-19
Publicación: 22.Enero.2021

Washington, D.C. y Caracas, 22 de enero, 2021.-  El próximo martes 26 de enero comparecerán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) las víctimas y familiares de Jimmy Guerrero y Ramón Molina, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC), para buscar justicia y reparación por las ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía venezolana, ocurridas hace casi 18 años en el Estado de Falcón de sus dos familiares.

Jimmy Guerrero era taxista independiente, padre de 5 hijos.El 29 de marzo de 2003, Jimmy asistió al funeral de uno de los hijos de su tío Ramón Molina. Ramón, era tío de cariño de Jimmy Guerrero, de 49 años de edad y padre de seis hijos, desempeñaba cómo conductor para una empresa. Estando en el funeral ambas víctimas salieron en carro a comprar unas bebidas, fue entonces que agentes de la policía, que llevaban más de 7 meses deteniendo de manera ilegal, hostigando y amenazando a Jimmy, los interceptaron y les dispararon, ejecutandolos a ambos. Para el momento de su muerte, Jimmy había realizado al menos seis denuncias ante distintas entidades sobre los hostigamientos y amenazas que las Fuerzas Armadas policiales del estado Falcón y miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). A pesar de existir una solicitud de medidas de protección a su favor, estas nunca se implementaron ni se investigaron las amenazas. Conoce más del caso aquí. 

Las muertes de Jimmy Guerrero y Ramón Molina fueron justificadas por las autoridades de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcón y reseñadas rápidamente por los medios de comunicación como un “enfrentamiento” entre bandas. Al día de hoy, el caso permanece en la impunidad total, habiéndose archivado las investigaciones en el año 2017. Lamentablemente, no se trata de un caso aislado sino que se inserta en un contexto de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. La Misión de Naciones Unidas destacó que en septiembre 2020 habían investigado “dieciséis casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que finalizaron con 53 ejecuciones extrajudiciales y también indagó 2552 incidentes en los que se produjeron más de 5000 muertes por parte de las fuerzas de seguridad”. 

Además de la impunidad, parte del problema de la repetición de hechos similares ocurre por la opacidad de los números y la falta de cifras públicas, precisas y transparentes por parte de las autoridades. La falta de información actualizada y publicada por parte del Estado venezolano sobre homicidios y ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad ha imposibilitado el diseño y la implementación de políticas públicas que permitan investigaciones rápidas y eficaces, que lleven a la justicia y a un respeto pleno de los derechos humanos.  

La diligencia privada, que se realizará el próximo martes 26 a las 08:00 horas de Costa Rica, 10:00 AM horas de Venezuela, no será una audiencia pública cómo las que usualmente se celebran ante la Corte IDH. La emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 ha hecho que la Corte adopte medidas novedosas para no detener su trabajo y así garantizar el derecho de las víctimas a ser escuchadas por un Tribunal independiente. Por ello, en este caso se desarrollará de forma acotada un espacio de recolección de prueba en el que participará y se escuchará a solo una de las víctimas, Jean Carlos Guerrero. En tiempos de pandemia, es un avance significativo para sostener la búsqueda por justicia y reparación, al ser una oportunidad a que las víctimas puedan continuar su interlocución con un espacio autónomo e independiente.