Ecuador incumple nuevamente compromisos internacionales en perjuicio del Pueblo Kichwa de Sarayaku
Publicación: 26.Agosto.2009

Washington, D.C

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifiesta su profundo rechazo a la resolución emitida por el Ministro de Minas y Petróleos de Ecuador el 8 de mayo de 2009, mediante la cual informó a la compañía petrolera Compañía General de Combustible (CGC) que “deberá reiniciar las operaciones determinadas en los Contratos de Participación para la Explotación y Exploración de Hidrocarburos de los Bloques 23 y 24 de la Región Amazónica ecuatoriana”, los cuales comprenden los territorios ancestrales del Pueblo Kichwa de Sarayaku y otros pueblos indígenas.

La citada resolución fue adoptada sin consultar previamente al Pueblo de Sarayaku y sin haber sido comunicada oficialmente a la comunidad, quien se enteró de la

existencia de la misma a través de los medios de comunicación hasta el 26 de mayo de 2009. El conflicto entre el Pueblo Kichwa de Sarayaku y el Estado ecuatoriano sobre las actividades extractivas de la compañía CGC en su territorio se inició en 1996, cuando el Estado otorgó una concesión para la exploración y explotación en territorio de la comunidad sin consultar a la misma. Entre 2002 y 2003 las actividades de la compañía en territorio de Sarayaku resultaron en una serie de conflictos intercomunitarios, hechos de violencia, atentados contra el medio ambiente y amenazas contra la seguridad y tranquilidad, que fueron denunciados por Sarayaku como graves violaciones a los derechos humanos.

La reciente decisión del Estado ecuatoriano se encuentra en clara contravención con las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana a favor del Pueblo de Sarayaku el 6 de julio de 2004, las cuales se encuentran vigentes. Las citadas medidas obligan al Estado, entre otras cosas, a proteger eficazmente la vida,

integridad personal y libre circulación de todos los miembros del Pueblo Indígena de Sarayaku, y a que éstos puedan realizar sus actividades y hacer uso de los recursos naturales existentes en el territorio en que se encuentran asentados.

Ante la Resolución del Estado ecuatoriano, el Pueblo Kichwa de Sarayaku ha reafirmado su negativa de permitir cualquier actividad extractiva de la compañía CGC en su territorio. Asimismo, los propios representantes de CGC han calificado la Resolución del Estado de “irresponsable, inconsulta, un error” y han declarado a

varios medios de comunicación que “el Ministro no ha aprendido nada de lo que ha pasado en los últimos años (en la zona). Nosotros aprendimos que en Sarayaku existe un problema de mucha sensibilidad social frente a la actividad de hidrocarburos […] por tanto nosotros consideramos inviable reiniciar operaciones”.

El Pueblo Kichwa de Sarayaku presentó una demanda ante la Comisión Interamericana el 19 de diciembre de 2003. El 13 de octubre de 2004, la Comisión decidió declarar la demanda admisible por violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El caso se encuentra actualmente pendiente de la decisión final sobre el fondo por parte de dicho organismo.

CEJIL exhorta al Estado ecuatoriano a tomar las medidas necesarias para dar pleno

cumplimiento a las medidas provisionales dictadas por la Corte, así como a respetar las obligaciones emanadas de la Convención Americana y otros tratados

internacionales en materia de los derechos humanos de las comunidades indígenas.

 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.