Detienen a militar peruano responsable de desaparición forzada de 15 campesinos
CEJIL y la Asociación Paz y Esperanza, reciben con satisfación la captura del exteniente del Ejército peruano, Javier Bendezú Vargas responsable de liderar un operativo el 4 de julio de 1991 que provocó la desaparición de 15 pobladores de la comunidad campesina Santa Bárbara, en Huancavelica.
Publicación: 19.Abril.2016
Familiares de las víctimas de Santa Bárbara en el acto de conmemoración.

Washington, D.C., 19 de abril, 2016.- El pasado 7 de abril, el exteniente del Ejército peruano, Javier Bendezú Vargas, fue capturado por su involucramiento en crímenes de lesa humanidad. Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Paz y Esperanza, recibimos la noticia con satisfacción.  

El exmilitar fue detenido en Villa María del Triunfo (Lima) tras diez años en la clandestinidad, acusado por el Ministerio Público de haber liderado la patrulla militar “Escorpio”, responsable de realizar un operativo, el 4 de julio de 1991, que provocó la desaparición de 15 pobladores de la comunidad campesina Santa Bárbara, en Huancavelica.

Estas 15 personas —entre ellas niños y niñas de muy corta edad—  fueron acusadas de pertenecer a grupos subversivos y trasladadas a la Mina Varallón (apodada “La Mina Misteriosa”, por la comunidad) donde fueron ejecutadas y sus cuerpos dinamitados. En los próximos días se iniciará un juicio público por este caso, en la Sala Penal de Lima.

“La captura de Bendezú Vargas ha avivado las esperanzas de los familiares que continúan buscando justicia”, dijo Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL. “Aun así, el Tribunal Interamericano fue muy claro en su decisión afirmando que el caso es de desaparición forzada y no de ejecución extrajudicial u homicidio. La Sala Penal deberá tomar en cuenta la decisión de la Corte Interamericana y el Estado tendrá que aseverar que todas las investigaciones y condenas dispuestas se efectúen bajo esta tipificación, para que los familiares alcancen la justicia que merecen”, señaló.

A diferencia de la ejecución extrajudicial, para que haya una desaparición forzada, ha de haber privación de libertad, cualquiera que fuere su forma, y ésta darse por agentes estatales o personas que actúen en nombre del Estado. A esto ha de seguirle la falta de información o la negativa a reconocer esa privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, impidiendo de esta manera que las familias puedan continuar con las denuncias ante la justicia.  

“El Estado peruano tiene una nueva oportunidad para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH, que dispone la obligación de investigar exhaustivamente, en conformidad con los estándares internacionales y la calificación jurídica adecuada, así como las demás reparaciones ordenadas que siguen sin ser atendidas”, dijo Milton Campos, abogado de Paz y Esperanza. “Los familiares de las víctimas esperan que la exhumación en la Mina, donde aún se encuentran los restos de las víctimas, se inicie en los próximos meses y ayude a esclarecer los hechos”, agregó.

La captura de Bendezú Vargas es un avance en el proceso penal, que se suma a la condena de 20 años de prisión para el Sargento Oscar Alberto Carrera González, que el Poder Judicial dictó en el 2013, por su involucramiento en los hechos ocurridos en la comunidad Santa Bárbara. Dennis Wilfredo Pacheco Zambrano, otro de los militares responsables, no obstante, aún se encuentra prófugo, con una orden de captura.

CEJIL y Paz y Esperanza presentaron el caso de la comunidad campesina Santa Bárbara en enero del 2015 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El 13 de noviembre del mismo año fue publicada la sentencia.