Desaparición forzada de niños y niñas sigue impune en El Salvador
Publicación: 24.Junio.2016

San José, 24 de junio de 2016.- Esta mañana tuvo lugar una audiencia de supervisión de cumplimiento de las sentencias relacionadas a los casos Serrano Cruz y Contreras y otros, que tratan sobre la desaparición de 8 niños y niñas, ocurridos durante el conflicto armado en El Salvador y sobre las que aún no existen personas sancionadas.

 

La Asociación Pro Búsqueda y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expusieron los obstáculos estructurales para avanzar en la búsqueda de justicia. Estos incluyen la ausencia de presupuesto para investigar las desapariciones forzadas, la falta de especialización de quienes llevan estos procesos y el desconocimiento de la sistematicidad con las que se violaron los derechos humanos durante el conflicto interno.

 

“Pese a que la primera sentencia fue emitida hace más de 11 años, no hay voluntad política por parte del Estado, para investigar y sancionar a los responsables”, señaló Valentina Ballesta, abogada de CEJIL.

 

Además, las organizaciones se refirieron al funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, que tiene como fin encontrar a las víctimas de desaparición forzada. Expusieron que su efectividad contrasta con la ineficacia en los resultados de parte del Ministerio Público y que para que ésta pueda continuar con su trabajo, es necesario que se apruebe una ley que le dé permanencia en el tiempo.

 

Otra de las medidas de cumplimiento de sentencia que se revisaron, responde a la creación de un banco de perfiles genéticos para la identificación de personas desaparecidas durante el conflicto y que aún no se ha implementado. “Sin esto no podremos identificar a las víctimas ni reunir las familias fragmentadas producto de estas violaciones”, agregó Eduardo García, de Pro-Búsqueda.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, constató el retraso en el cumplimiento de las sentencias y solicitó al Estado información precisa sobre los tiempos y las acciones a seguir, para hacer efectivas las reparaciones. Además,  tomó nota de la solicitud de las organizaciones representantes de nominar a un oficial de las Fuerzas Armadas con capacidad de facilitar el acceso la información de interés para estos casos.

 

“En 24 años aún no pudimos encontrar la reconciliación. Se les niega esta posibilidad a las familias y ya no tenemos tiempo para buena voluntad. Pedimos ponerle un alto a esto y que tengamos un plazo perentorio para el cumplimiento las sentencias”, pidió Eduardo García.