Denuncian impunidad sobre desapariciones forzadas en Guatemala
Nueva York, 19 de julio de 2013. La Fundación Myrna Mack, la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, la situación de impunidad que se mantiene en Guatemala respecto de las víctimas de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado ocurrido entre los años 1962 a 1996. De acuerdo con datos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, 45.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Guatemala, de los cuales aproximadamente un 92% desaparecieron en manos de agentes del Estado. No obstante la magnitud de los hechos, hasta la fecha solamente 9 ex militares y ex comisionados de la Policía Nacional han sido sancionados por su participación en dicha práctica.
Publicación: 19.Julio.2013

Nueva York, 19 de julio de 2013. La Fundación Myrna Mack, la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, la situación de impunidad que se mantiene en Guatemala respecto de las víctimas de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado ocurrido entre los años 1962 a 1996.

De acuerdo con datos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, 45.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Guatemala, de los cuales aproximadamente un 92% desaparecieron en manos de agentes del Estado. No obstante la magnitud de los hechos, hasta la fecha solamente 5 ex militares y ex comisionados de la Policía Nacional han sido sancionados por su participación en dicha práctica.
En la reunión celebrada en Nueva York, el 18 de julio de 2013, las organizaciones destacaron los obstáculos que impiden alcanzar la justicia, como por ejemplo la actual posición del Estado de Guatemala que niega la existencia de las desapariciones e insiste en señalar que no es posible juzgar a los responsables de estos crímenes.
A la vez, se denunció el aumento en las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos, en particular en contra de quienes luchan contra la impunidad. Según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) solo en el primer cuatrimestre del presente año aumentaron en un 56% los ataques contra dicho grupo en relación con el año 2012.
En la reunión también rindieron su testimonio Ana Lucrecia Molina Theissen y María Luisa Rosal. Ana Lucrecia es hermana de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años que fue desaparecido el 6 de octubre de 1981, y María Luisa es hija de Jorge Rosal Paz y Paz, desaparecido el 12 de agosto de 1983. Ambas se refirieron a la revictimización que sufren por el actual gobierno debido a su negativa a reconocer la existencia de las desapariciones forzadas y por la falta de reconocimiento de las responsabilidades penales e históricas que tienen quienes perpetraron crímenes contra la humanidad.
En palabras de María Luisa, la ausencia de su padre es “un vacío que siempre está presente”, ella solicitó apoyo al Grupo de Trabajo porque “conocer la verdad ayuda  a sanar heridas”.
Por su parte, Lucrecia Molina concluyó solicitando al Grupo de Trabajo su apoyo para “cerrar un círculo que permanece abierto”. Para ella “la razón de ser de su vida es la búsqueda de justicia”.
Las organizaciones peticionarias solicitaron al Grupo de Trabajo su intervención para que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales e investigue en forma diligente las desapariciones forzadas ocurridas en el conflicto armado. Además, se destacó la importancia que el Grupo de Trabajo realice una visita a Guatemala en el menor plazo posible y brinde recomendaciones que apoyen la búsqueda de justicia para los miles de desaparecidos en dicho país

 

De acuerdo con datos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, 45.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Guatemala, de los cuales aproximadamente un 92% desaparecieron en manos de agentes del Estado. No obstante la magnitud de los hechos, hasta la fecha solamente 9 ex militares y ex comisionados de la Policía Nacional han sido sancionados por su participación en dicha práctica.

 

En la reunión celebrada en Nueva York, el 18 de julio de 2013, las organizaciones destacaron los obstáculos que impiden alcanzar la justicia, como por ejemplo la actual posición del Estado de Guatemala que niega la existencia de las desapariciones e insiste en señalar que no es posible juzgar a los responsables de estos crímenes.

 

A la vez, se denunció el aumento en las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos, en particular en contra de quienes luchan contra la impunidad. Según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) solo en el primer cuatrimestre del presente año aumentaron en un 56% los ataques contra dicho grupo en relación con el año 2012.

 

En la reunión también rindieron su testimonio Ana Lucrecia Molina Theissen y María Luisa Rosal. Ana Lucrecia es hermana de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años que fue desaparecido el 6 de octubre de 1981, y María Luisa es hija de Jorge Rosal Paz y Paz, desaparecido el 12 de agosto de 1983. Ambas se refirieron a la revictimización que sufren por el actual gobierno debido a su negativa a reconocer la existencia de las desapariciones forzadas y por la falta de reconocimiento de las responsabilidades penales e históricas que tienen quienes perpetraron crímenes contra la humanidad.

 

En palabras de María Luisa, la ausencia de su padre es “un vacío que siempre está presente”, ella solicitó apoyo al Grupo de Trabajo porque “conocer la verdad ayuda  a sanar heridas”.

 

Por su parte, Lucrecia Molina concluyó solicitando al Grupo de Trabajo su apoyo para “cerrar un círculo que permanece abierto”. Para ella “la razón de ser de su vida es la búsqueda de justicia”.

 

Las organizaciones peticionarias solicitaron al Grupo de Trabajo su intervención para que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales e investigue en forma diligente las desapariciones forzadas ocurridas en el conflicto armado. Además, se destacó la importancia que el Grupo de Trabajo realice una visita a Guatemala en el menor plazo posible y brinde recomendaciones que apoyen la búsqueda de justicia para los miles de desaparecidos en dicho país.

 

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