Demandan internacionalmente a Guatemala por irregularidades en las elecciones judiciales del 2014
El Instituto de la Judicatura, la Fundación Myrna Mack y CEJIL presentaron una denuncia contra el Estado de Guatemala por las graves irregularidades cometidas en las elecciones de integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, celebradas en 2014. La demanda, entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 26 de mayo, expone el incumplimiento de la normativa interna y de los estándares internacionales sobre procesos de elección judicial.
Publicación: 03.Junio.2015

Ciudad de Guatemala, 3 de junio del 2015.- El Instituto de la Judicatura, la Fundación Myrna Mack y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron una denuncia contra el Estado de Guatemala por las graves irregularidades cometidas en las elecciones de integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, celebradas en 2014. La demanda, entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 26 de mayo, expone el incumplimiento de la normativa interna y de los estándares internacionales sobre procesos de elección judicial.

Las selecciones y elecciones llevadas a cabo por las Comisiones de Postulación y el Congreso de la República no fueron objetivas, ni se basaron en el mérito y la capacidad de los y las candidatas. Tampoco se realizaron de manera pública ni transparente en varios momentos del proceso, y además se vieron seriamente permeadas por intereses privados de grupos de poder.

En ese sentido, el documento presentado, denuncia la vulneración del derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad en perjuicio de tres de las participantes en los procesos, quienes, al igual que otros y otras profesionales con buenas calificaciones, no resultaron electas: Ana Vilma Díaz, Estela Bailey y Vilma Tatiana Cabrera. Además, se alega que las elecciones violaron el derecho a la justicia independiente e imparcial de dichas postulantes y de Helen Mack, como parte de la sociedad guatemalteca.

En su escrito, las organizaciones demandantes manifiestan a la CIDH que, a pesar de que los vicios de los procesos de elección fueron ampliamente denunciados ante los tribunales internos, finalmente fueron avalados por el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad (CC), abriendo así la puerta a la vía interamericana.

En la denuncia internacional se detalla cómo la CC, mediante su sentencia de noviembre de 2014, obvió todas las anomalías ocurridas en dichos procesos así como los pronunciamientos emitidos por organismos de protección internacionales como la CIDH y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces, magistrados y abogados, quienes habían recomendado revisar los nombramientos de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco.

Las organizaciones demandantes explican que las irregularidades que acompañaron el proceso de selección de jueces y magistrados afectaron directamente la independencia judicial en Guatemala. Una prueba de lo anterior se ve reflejada en la crisis de institucionalidad que atraviesa el país actualmente y en los cuestionamientos que involucran a distintos operadores de justicia, entre ellos la magistrada Blanca Stalling, Presidenta de la Cámara Penal, quien se encuentra con un permiso sin goce de salario.

Con esta denuncia, las víctimas y sus representantes aspiran a contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho en Guatemala. De igual forma, las peticionarias buscan que la CIDH ordene la modificación de la legislación y las prácticas que hicieron posible que designaciones judiciales irregulares prosperaran, de manera que en el futuro, los nombramientos sean objetivos, y se garantice que todas las personas puedan acceder a una justicia independiente e imparcial.