La decisión de la Suprema Corte de Justicia de México sobre la Ley de Seguridad Interior sentará un precedente fundamental sobre la militarización en el país y en la región: Observatorio Internacional sobre México
Publicación: 01.Noviembre.2018

En el mes de noviembre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) iniciará las discusiones sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI), que fue publicada el 21 de diciembre de 2017. Recientemente se hizo público el proyecto de resolución de la SCJN sobre el tema. Dicho proyecto propone invalidar algunos artículos de la LSI pero, en forma preocupante, concluye que el concepto de “seguridad interior” es válido en México. Desde el Observatorio Internacional sobre México, reiteramos nuestra postura de rechazo a la LSI, sumándonos a las numerosas voces que rechazan esta ley debido a las graves implicaciones que tiene para México.

La LSI es contraria a las obligaciones internacionales de este país por cuanto perpetúa la presencia de los militares en las calles y les atribuye tareas de seguridad que son incompatibles con la naturaleza de su mandato institucional, somete a las instituciones civiles a la autoridad militar y carece de los mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas propios de un régimen democrático. Además, vulnera el derecho a la justicia de las víctimas de abusos militares, así como el derecho a la verdad de la sociedad.
 
Entre los aspectos más preocupantes de la LSI se encuentran el sometimiento de las autoridades civiles a las militares en materia de “seguridad interior”, la capacidad de los militares para recopilar inteligencia e información de las autoridades civiles; la ley incluye conceptos vagos que permiten a las fuerzas armadas decidir qué asuntos afectan la seguridad interior, o suponen una amenaza o riesgo para el país (y cuándo y cómo reaccionar ante ellos) y, finalmente, prevé que la información generada por la aplicación de la LSI será reservada como de “seguridad nacional”. 

También nos preocupa que la LSI otorga autoridades militares el control inicial sobre la evidencia vinculada a la comisión de delitos, lo que unido a la ausencia de controles efectivos y mecanismos de rendición de cuentas sobre sus actos, limitará las facultades de las autoridades civiles de procuración de justicia, resultando en impunidad.

Respetuosos de la independencia judicial, exhortamos a los y las ministras de la SCJN a que en su análisis sobre la LSI consideren, además de lo antes señalado, las consecuencias que ha tenido la presencia de los militares en las calles en los últimos 12 años: la violencia que ha generado y las constantes violaciones a derechos humanos, la desatención a la necesaria reforma policial y la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones de los militares. Sería un retroceso que la SCJN validara la LSI dados los serios riesgos que conlleva para los derechos fundamentales en México, y a pesar de la evidencia de que las autoridades civiles no tienen la voluntad de ejercer mecanismos de control sobre los militares, ni de llamarles a rendir cuentas. 
 
Adicionalmente, preocupa al Observatorio Internacional que en México prevalezca la idea de que una ley que regule la participación de los militares en tareas que les competen a las fuerzas civiles es aceptable como solución para enfrentar el fenómeno de la violencia y la criminalidad. En la práctica, este tipo de políticas han tenido resultados nefastos en México y en América Latina. Preocupa también que los esfuerzos del Estado mexicano se sigan enfocando en buscar artilugios legales para perpetuar la presencia de los soldados y militarizar las políticas de seguridad en México. Por ello, insistimos en la importancia de fortalecer las instituciones civiles y del compromiso a un retiro gradual de las fuerzas armadas. 
 
Como Observatorio Internacional hemos constatado una preocupante tendencia en América Latina, incluso en países con transiciones a la democracia muy vinculadas a las luchas por los derechos humanos, como Argentina: el resurgimiento de conceptos híbridos en materia de seguridad, que confunden o mezclan los ámbitos de seguridad nacional y de la seguridad pública, abriendo paso así a conceptos de “seguridad” indeterminados y vagos que por sí mismos generan abusos y amplían, de facto, el poder de las fuerzas armadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha advertido que estos conceptos son peligrosos. México es un país con una importante presencia y peso político en la región. Hoy la SCJN mexicana puede enviar un mensaje a otras naciones sobre la importancia de construir instituciones civiles para la seguridad y mecanismos eficaces de control sobre las fuerzas armadas, brindando así una importante contribución a los demás países de América Latina. 
 
Organizaciones firmantes: 
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT)—Francia
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México—Alemania
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)—Costa Rica
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)—Estados Unidos
Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG)—Estados Unidos
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)—Estados Unidos
Robert F. Kennedy Human Rights—Estados Unidos
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)—Suiza
 
Sobre el Observatorio: El Observatorio Internacional sobre México se creó en diciembre de 2017, a raíz de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. El Observatorio está conformado por 10 grupos internacionales de derechos humanos y justicia, y tiene la función de monitorear la situación de los derechos humanos en el país y apoyar a las organizaciones nacionales de la sociedad civil frente a la creciente violencia e inseguridad, particularmente en el contexto de la militarización de las políticas de seguridad en México.
 
Los miembros fundadores del Observatorio incluyen a Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), Peace Brigades International (PBI-USA), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), y Robert F. Kennedy Human Rights.