Crítica situación de líderes indígenas y afrodescendientes expuesta ante la CIDH
Publicación: 15.Febrero.2019

Sucre, Bolivia 15 de febrero, 2018.- Líderes y lideresas indígenas y afrodescendientes de Colombia denunciaron en una histórica audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la grave situación de homicidio, agresiones y amenazas en la que se encuentran.

“Hoy, nuevamente, como territorios indígenas estamos viviendo una situación más precaria donde las cifras son alarmantes”, dijo Nelso Pacue, líder Nasa. “Teníamos la esperanza que con el acuerdo de paz iba a cesar la guerra en nuestros territorios pero al contrario, cada día la guerra es más fuerte. Por eso es importante para nosotros traer a esta audiencia el día de hoy la voz de los 102 pueblos indígenas de Colombia la mayoría de nosotros  estamos en riesgo de desaparición, extinción y exterminio cultural”.

La audiencia que fue solicitada en conjunto por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Asociación Nacional de Afrodescendientes Desplazados (AFRODES), la Consultoría para los Derechos Humanos (CODHES), el Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos (WOLA) considerando la urgencia de implementar medidas que permitan la protección de líderes étnicos.

De acuerdo con las cifras de CODHES, en 2018 fueron asesinados en Colombia 58 líderes de Pueblos étnicos. De estos homicidios, 34 fueron contra líderes indígenas y 24 contra afrodescendientes. 52 de los homicidios fueron contra hombres y 6 contra mujeres. Los departamentos donde el riesgo para ejercer el liderazgo étnico es mayor son Cauca, Valle del Cauca, Chocó, La Guajira, Nariño, Antioquia y Putumayo. Acerca de las agresiones, en 2018 se registraron 347 contra líderes sociales en todo el país. De estas, 149 fueron contra líderes étnicos (21 por ciento contra afrodescendientes y 19 por ciento contra indígenas).

“El aumento de presión por intereses extractivistas y el control territorial para actividades ilícitas nos ponen a los líderes indígenas en una situación de grave riesgo en el Departamento de Putumayo,” Sandro Piaguaje, dirigente del pueblo Siona, invitado a exponer en la audiencia luego de presentar sobre la situación de riesgo de su comunidad tres días previos en una reunión privada con el Estado.

De acuerdo con la ONIC, tanto antes como después del Acuerdo Final de Paz con diferentes grados de intensidad, los Pueblos étnicamente diferenciados han sido víctimas de asesinato de sus líderes, lideresas y autoridades tradicionales; masacres realizadas contra sus comunidades; desplazamiento forzado individual y colectivo; violencia sexual; amenazas individuales y colectivas; señalamientos; combates dentro y cerca de los resguardos y territorios colectivos y ancestrales; desaparición forzada; confinamiento; militarización de sus territorios; aspersión aérea; ocupación de sitios sagrados; contaminación de fuentes hídricas de las que depende su subsistencia; deforestación y reclutamiento forzado; entre muchos otros. Se trata de hechos victimizantes que involucran a la fuerza pública, actores armados ilegales y terceros con interés en los territorios de los Pueblos étnicos.  Sin embargo, las organizaciones peticionarios indicaron que no había una articulación adecuada por parte del estado para atender de forma efectiva a estas situaciones.

“Necesitamos sentarnos más y generar más procesos de articulación. Valoramos el interés que hay en hacerlo, pero necesitamos acción. La vida de nuestra gente depende de estrategias, de acciones para que no los maten”, dijo Patricia Suárez, abogada de la ONIC. “ En ese sentido, vemos  que no hay voluntad política para proteger la vida de los líderes y lideresas étnicos y sociales, nuestra gente corre riesgo".

 

Cabe señalar que Michel Forst, Relator de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en su Informe oficial sobre la situación de líderes en Colombia durante su visita en 2018, advirtió que “en la mayoría de los casos, las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas están intrínsecamente relacionadas con la defensa de sus tierras y la protección del medio ambiente”. El Relator de la ONU recomendó al Gobierno colombiano la protección estatal y las garantías de no recurrencia con medidas especiales para pueblos afrodescendientes y étnicos.

 

Por ello, las organizaciones peticionarias solicitaron que la CIDH inste al Estado Colombiano a acelerar las investigaciones y esclarecer los casos de asesinatos y amenazas a autoridades indígenas; Brindar garantías para el fortalecimiento de las estructuras propias de prevención y protección de los Pueblos Indígenas como la Guardia Indígena; garantizar la no militarización de los territorios indígenas, en el marco del respeto a la autonomía y autodeterminación de los Pueblos, y al derecho de los Pueblos Indígenas a la Consulta, el Consentimiento Previo Libre e Informado; y se cumpla con los Acuerdos de Paz y todo lo pactado referente a pueblos indígenas, entre otros puntos.
 

Finalmente se solicitó que la CIDH viaje a los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, en atención a la grave situación en la que se encuentran las autoridades, líderes y comunidades por el recrudecimiento del conflicto armado en estas regiones del país por los diferentes actores armados que se encuentran en sus territorios.