CR: Sala Constitucional debe resolver sobre matrimonio entre personas del mismo sexo y garantizar el derecho de igualdad
Publicación: 24.Enero.2018

San José, 24 de enero del 2018.- Jazmín Elizondo y Laura Flórez-Estrada llevan casi dos años esperado la respuesta a una acción de inconstitucionalidad que presentaron en marzo del 2016. Entonces, alegaron que el artículo 14 del Código de Familia costarricense —el cual establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer—, atenta contra el principio de no discriminación. El promedio de trámite para este tipo de recursos es de 15 meses, por lo que el abogado Roberto Zamora, en conjunto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) han presentado un amparo por la violación al acceso a la justicia pronta y cumplida.
En 2015, Jazmín y Laura contrajeron matrimonio, el cual fue inscrito debido a un error en el Registro Civil de Costa Rica —ya que una de ellas estaba registrada como hombre—. En respuesta, el Ministerio Público interpuso una acción penal contra ellas, criminalizándolas por haberse casado cuando, en Costa Rica, está prohibido para personas del mismo sexo. 


Jazmín y Laura exigen que el Estado de Costa Rica cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, entre ellas lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Costa Rica es parte. 


Así, la Sala Constitucional debe resolver la acción planteada a la luz de la amplia jurisprudencia de la Corte  Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en materia de igualdad, incluyendo la Opinión Consultiva 24, en la que determinó que los Estados deben “reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo” debiéndose garantizar “la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales". 


En este sentido, los Estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes, incluyendo el matrimonio, para asegurar la protección de los todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales.


Costa Rica, como país respetuoso del Derecho Internacional y del Estado de derecho, debe garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos sin discriminación por su orientación sexual o identidad de género. La Sala Constitucional tiene un rol trascendental en el control de esa garantía, por lo que una decisión pronta a la acción interpuesta es indispensable para asegurar el acceso a la justicia y el efecto útil de los tratados internacionales que el país ha ratificado soberanamente.