Costa Rica: Foro de Justicia cuestiona sanción de Corte Plena en contra de magistrados
Publicación: 13.Julio.2018

San José, 13 de julio de 2018.- El Foro de Justicia, espacio de análisis y propuesta conformado por actores especializados —actualmente integrado por la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Programa Estado de la Nación/CONARE (PEN), el Proyecto en Costa Rica de la Friedrich Ebert Stiftung (FES) y consultores independientes—con ocasión del reciente acuerdo adoptado por Corte Plena dentro del proceso disciplinario instaurado contra algunos de sus integrantes,

MANIFIESTA:


A LOS MAGISTRADOS Y LAS MAGISTRADAS DE CORTE PLENA:

1.- Su profunda preocupación por el mensaje implícito que se envía a la ciudadanía y a los miles de trabajadores y trabajadoras que conforman el Poder Judicial, respecto al tratamiento desigual en la aplicación del régimen disciplinario según quien sea la persona a quien se le atribuya la falta, distinción inadmisible en un Estado de Derecho que solo contribuye a deslegitimar las actuaciones y dañar la imagen del máximo órgano de justicia frente a la ciudadanía.
2.- Su desazón por la abierta desaplicación del principio constitucional de proporcionalidad entre la sanción y la falta cometida. Preocupa que hechos tan graves como los encontrados por la Corte Plena —desestimar una investigación por delitos de corrupción en poco tiempo, bajo un argumento que contradice la prueba que consta en el expediente—, cometidos por integrantes del más alto tribunal penal y entre quienes figura el propio presidente de la Corte, sean equiparadas a faltas menores y reprimidas por medio de una simple amonestación.
3.- Su malestar porque ninguna de las personas integrantes de tan alto órgano haya cuestionado el procedimiento secreto que se adoptó, que si bien puede tener sustento legal, pudo ser confrontado de cara a principios y valores del Derecho de la Constitución. Esto pone de manifiesto una aceptación de la opacidad, ajena a los principios de rendición de cuentas y transparencia propios de las democracias modernas.
4.- Su convicción de que, quienes integran la Corte Plena, tienen la oportunidad de rectificar el rumbo del Poder Judicial, que sabemos y reconocemos como clave en mantener y mejorar el desempeño de la institucionalidad nacional en momentos históricos del país que exigen el máximo de transparencia.
5.- Su excitativa, a quienes votaron en dicha sesión, para que, en un ejercicio de transparencia, develen públicamente su voto y las razones por las cuáles consideraron improcedentes otras sanciones más graves.


A LOS DIPUTADOS Y LAS DIPUTADAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA:

6.- Les recordamos la necesidad de que el Poder Legislativo asuma —con prontitud, seriedad y anteponiendo los intereses nacionales a los personales— la tarea de generar reformas normativas de diverso tipo, incluyendo las de su propio Reglamento. Es urgente dotar al proceso de elección de la magistratura de los más altos estándares establecidos a nivel internacional, con el fin de blindar la institucionalidad democrática con las garantías necesarias que eviten actos que la cuestionen y socaven su legitimidad social.
7.- Les hacemos una excitativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, de forma tal que garanticen un régimen disciplinario para las personas integrantes de la Corte Plena, ejercido por un órgano externo e independiente, en el que se resuelva bajo un criterio jurídico, objetivo, uniforme y equitativo con el que se aplica a todos los otros servidores y servidoras judiciales, así como que garantice la transparencia y el control amplios de la ciudadanía.
8.- Les instamos a suscribir el compromiso público de transparencia y negativa a reuniones privadas con quienes aspiren a la magistratura, que este Foro les remitió oportunamente, de cara a las elecciones de los seis puestos de magistratura que tienen en sus manos.


A LA CIUDADANÍA COSTARRICENSE:

9.- Les recordamos que, por disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el objeto del régimen disciplinario es garantizarle, a la ciudadanía, la correcta y eficiente administración, lo cual responde a los principios constitucionales de transparencia y de rendición de cuentas. Por esto, existe un evidente interés de toda la población en que los actos de las personas funcionarias que contraríen gravemente esa correcta y eficiente administración de justicia, sean sometidos a análisis y ellas, sujetas a un proceso y, de ser halladas culpables, que sean sancionadas de forma proporcional a su falta.
10.- Les instamos a permanecer vigilantes del acontecer institucional y a manifestar su posición en los distintos espacios que lo permitan, a fin de impulsar los cambios que el país requiere para fortalecer su democracia republicana.

FIRMANTES

John Brenes Rodríguez, Asociación Costa Rica Íntegra (CRI)
Carlos Núñez Núñez, Juez
Adriana Orocu Chavarría, Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD)
Marcia Aguiluz Soto, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Alfredo Chirino Sánchez, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica
Rosaura Chinchilla Calderón, Manuel Rojas Salas; Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR)
Evelyn Villarreal Fernández, Programa Estado de la Nación/Estado de la Justicia, CONARE (PEN)
Marco Vinicio Zamora Castro, Proyecto en Costa Rica de la Friedrich Ebert Stiftung (FES)
Luis Antonio González Jiménez, Consultor e investigador independiente