Costa Rica ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
Publicación: 28.Agosto.2009

El 3 de marzo pasado, el Estado de Costa Rica asistió a una convocatoria que le hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar el tema de los derechos de las personas migrantes en ese país. La audiencia fue solicitada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones de Costa Rica (la Red).

Estas organizaciones denunciaron múltiples violaciones a los derechos humanos de la población migrante e hicieron énfasis en los problemas de acceso a la educación y a la salud y en las deplorables condiciones laborales que tienen que afrontar las personas migrantes. Apuntaron que la falta de documentación es un obstáculo para acceder a los servicios públicos y hacer efectivos sus derechos. Es por eso que, los peticionarios solicitaron a la Comisión que recomendara al Estado de Costa Rica tomar las medidas pertinentes para regularizar a las personas que demuestren su arraigo a la sociedad costarricense.

Durante la audiencia, también se expresó preocupación por la discriminación que sufren los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. A muchos se les condiciona la matrícula definitiva en las escuelas hasta que ellos y sus padres demuestren que cuentan con documentos para estar legalmente en el país. Además, a la niñez migrante no se le da ninguna adecuación curricular y los docentes no están capacitados para comprender su realidad.

Otro tema que fue debatido fue la nueva legislación costarricense sobre migración. Las organizaciones peticionarias de la audiencia manifestaron su preocupación porque esta acentúa los problemas planteados y no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos, en materia de migración. Por eso consideraron de relevancia que el Estado costarricense ratifique la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

Después de exponer estos temas, la Comisión solicitó información sobre la detención administrativa, a lo cual los peticionarios respondieron que no existían plazos máximos y que en ocasiones los migrantes han permanecido hasta ocho meses recluidos en deplorables condiciones, ya que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para su pronta deportación.

Por su parte, el Estado de Costa Rica manifestó que el fenómeno de la migración desborda su institucionalidad e invitó a la Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la CIDH a visitar el país para que actualice su informe del 2002, sobre la situación de los migrantes; y reconoció que elaborar una política pública en materia de migración es un reto pendiente.