Corte Interamericana reitera a Guatemala su obligación de investigar detención, tortura y ejecución de niños
Publicación: 11.Febrero.2009

El pasado 5 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) una resolución sobre el cumplimiento de la sentencia Villagrán Morales en contra del Estado de Guatemala, emitida luego de haber escuchado a las partes en una audiencia privada que se celebró el pasado 20 de enero en su sede en San José, Costa Rica.

El caso se refiere a la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial de los niños Anstraun Amán Villagrán Morales, Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes en manos de agentes del Estado, ocurridas en junio de 1990. El Estado de Guatemala fue declarado internacionalmente responsable por estos hechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 19 de noviembre de 1999, por lo que le ordenó investigar los hechos y sancionar a los responsables.

En su resolución la Corte evaluó el cumplimiento de esta obligación y recalcó que desde el año 2000 el Estado no ha presentado al Tribunal información nueva que demuestre que hay avances significativos en la investigación de los hechos sino que “ha reiterado una y otra vez las mismas diligencias que esta Corte ya encontró fueron violatorias de los derechos humanos de las víctimas”. Asimismo, indicó que “lo afirmado por el Estado en la audiencia privada, en cuanto a que las investigaciones y el proceso penal sobre los cuales esta Corte ya se pronunció se llevaron a cabo conforme a la ley y fueron respetuosas del debido proceso, está en plena contradicción con lo ya dispuesto por la Corte en sus Sentencias” relacionadas con este caso.

La Corte Interamericana indicó que a pesar de lo declarado hace más de nueve años en su sentencia de fondo, y transcurridos cerca de dieciocho años de los hechos “las violaciones declaradas en el presente caso se encuentran en la absoluta impunidad”. Por lo que señaló que se ha visto obligada a reiterar al Estado guatemalteco que tiene obligaciones claras bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos en función de las cuales “debe dar pronto y total acatamiento a su obligación de investigar los hechos del presente caso y adoptar en su derecho interno las disposiciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento”.


En consecuencia, la Corte ordenó al Estado a que, a más tardar el próximo 4 de mayo le informe acerca de las medidas concretas adoptadas para identificar a todos los responsables del secuestro, tortura y asesinato de las víctimas, así como para adecuar su derecho interno a los estándares internacionales de lucha contra la impunidad y debida diligencia en las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos. Asimismo indicó que seguirá observando de cerca el proceso de cumplimiento de la sentencia y que, de ser necesario, pondrá en conocimiento de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el incumplimiento de la misma por parte del Estado de Guatemala.

CEJIL espera que, frente a esta fuerte llamada de atención hecha por el más alto tribunal de la región en materia de derechos humanos, el Estado emprenda acciones inmediatas para dar fiel cumplimiento a lo ordenado en las sentencias en cuestión, honrando las obligaciones asumidas al firmar y ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.