Corte Interamericana emite sentencia en el emblemático caso del Palacio de Justicia
El Estado colombiano ha sido declarado responsable por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia –sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado de Colombia–, el 6 y 7 de noviembre de 1985. Dado que hasta la fecha el Estado sólo ha logrado identificar a una de las víctimas desaparecidas, la Corte requirió que el Estado lleve a cabo de manera rigurosa todas las acciones para localizar los restos de las víctimas de manera inmediata.
Publicación: 11.Diciembre.2014


Washington D.C., 11 de Diciembre, 2014.-
El Estado colombiano ha sido declarado responsable por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia –sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado de Colombia–, el 6 y 7 de noviembre de 1985.


La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en una sentencia hecha pública el día de ayer, estableció que fue una “toma anunciada” y que el Ejército tenía información del servicio de inteligencia sobre la inminente toma del Palacio, por parte del grupo guerrillero M-19. A pesar de ello, dos días antes de la misma, la seguridad a los jueces y al personal que trabajaba en el Palacio de Justicia fue retirada, dejando desprotegidas a las cerca de 250 personas que se encontraban en su interior.


En su decisión, la Corte IDH determinó que Colombia es responsable de la desaparición forzada de una integrante del M-19, de 7 empleados de la cafetería que operaban en la sede del Palacio, y de 2 visitantes ocasionales. Adicionalmente, la Corte IDH determinó que dos personas fueron privadas de su derecho a la vida. De igual modo, consideró probado que cuatro personas salieron con vida del Palacio de Justicia; tres de ellas fueron detenidas ilegalmente y torturadas por miembros del Ejército y una fue sometida a tratos crueles e inhumanos. Respecto al caso del Magistrado Auxiliar, Carlos Horacio Urán, la Corte concluyó que salió con vida del Palacio de Justicia, fue torturado y ejecutado extrajudicialmente por miembros de la fuerza pública, y su cuerpo sin vida devuelto a las instalaciones del Palacio.
De esta manera, la Corte da la razón a las víctimas del caso y a sus familiares, quienes durante 30 años han luchado contra el “pacto de silencio” y la impunidad que existe sobre los hechos del Palacio de Justicia.


Para Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “esta decisión da una respuesta a las víctimas y la sociedad colombiana, que durante tres décadas han reclamado saber la verdad de lo ocurrido en el Palacio de Justicia”. Sin embargo, advierte que “la verdad completa sólo la podrán garantizar las instituciones colombianas, mediante el cumplimiento de esta decisión: investigando a todos los culpables, encontrando los restos de las víctimas aún desaparecidas, y esclareciendo lo que pasó los días 6 y 7 de noviembre de 1985”.


Hasta la fecha existen sólo dos condenas por algunas de las desapariciones forzadas. Una contra el General (r) Arias Cabrales por la desaparición de 5 víctimas y otra contra el Coronel (r) Plazas Vega por la desaparición de Irma Franco y Carlos Augusto Rodríguez Vera. Ambos están cumpliendo sus respectivas condenas de 35 y 30 años de prisión en instalaciones militares. El caso del Coronel (r) Plazas Vega está pendiente de casación y se espera que la Corte Suprema de Justicia emita la decisión en los próximos días.


Considerando los limitados logros de la justicia en el caso de los desaparecidos y la impunidad existente respecto a las demás víctimas, el Tribunal interamericano ordenó a Colombia llevar a cabo la investigación y sanción de todos los responsables.


En un pronunciamiento de gran relevancia para el contexto actual colombiano, en el que hay varios proyectos para ampliar la jurisdicción militar, ésta no es competente para investigar casos de graves violaciones a los derechos humanos, reiteró la Corte.


Dado que hasta la fecha el Estado sólo ha logrado identificar a una de las víctimas desaparecidas, la Corte requirió que el Estado lleve a cabo de manera rigurosa todas las acciones para localizar los restos de las víctimas de manera inmediata.


“Durante años yo y mis hijas vivimos engañadas por el Estado colombiano, que nos hizo creer que mi esposo había muerto en el fuego cruzado”, explicó Ana María Bidegain, viuda del Magistrado Auxiliar Carlos Horacio Urán. “Ahora sabemos que lo ejecutaron y no cesaremos hasta que la justicia colombiana procese a todos los culpables. Tampoco dejaremos de apoyar a quienes superando el miedo y el dolor busquen y reclamen que se conozca la verdad como paso previo y fundamental para buscar justicia y conseguir la Paz”.

Link a la sentencia: goo.gl/D8JUH1