La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la tortura y desaparición forzada de 43 campesinos
Publicación: 28.Agosto.2009

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo que condena, una vez más, internacionalmente a Colombia por violación de los derechos humanos. Los hechos se remontan al 14 de enero de 1990 cuando 43 campesinos, entre los que se encontraban cuatro niños, fueron detenidos, torturados y desaparecidos de manera forzada por miembros de un grupo paramilitar dirigido por Fidel Castaño Gil en la localidad de Puerto Bello, Antioquia. Los cuerpos de seis de las víctimas fueron encontrados tres meses después del hecho en una de las fincas de Castaño Gil.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), junto a la Comisión Colombiana de Juristas y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), representaron a las víctimas y sus familiares ante la Corte Interamericana, la cual encontró responsable al Estado de haber violado, entre otros, los derechos a la vida, a la integridad personal, y a la libertad personal de las víctimas consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En su fallo, el alto tribunal también estableció que Colombia violó los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de los familiares de las víctimas. Asimismo, ordenó al Estado que investigue, enjuicie a los responsables y busque e identifique a las 37 víctimas que permanecen desaparecidas.

De acuerdo a la investigación realizada por las autoridades colombianas, alrededor de 60 personas intervinieron en la desaparición forzada y tortura de los campesinos. Sin embargo, la justicia sentenció sólo a cinco de los implicados y de ellos sólo dos están detenidos. Los representantes de las víctimas y sus familiares comprobaron ante la Corte que en la incursión al poblado, los paramilitares pudieron perpetrar los hechos por la falta de debida diligencia del Estado, y, en particular, de los miembros del Ejército, en prevenir y evitar los hechos. Ningún efectivo castrense ha sido enjuiciado ni sancionado.

Nuevamente el alto tribunal se refirió a la creación de condiciones, por parte del Estado colombiano, que permitieron y facilitaron el funcionamiento de los grupos paramilitares en Colombia. Al respecto, estableció que el Estado colombiano propició la creación de grupos de autodefensas “con fines específicos, pero éstos se desbordaron y empezaron a actuar al margen de la ley. De este modo, […] creó objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias ni suficientes para evitar que éstos puedan seguir cometiendo hechos como los del presente caso.”

Asimismo, la Corte concluyó que los hechos de este caso forman parte de una situación en Colombia en la cual “prevalece un alto índice de impunidad en hechos criminales perpetrados por paramilitares.” Sobre este punto, en uno de los párrafos de la sentencia indica: “Las actuaciones ilegales de estos grupos no encuentran en la judicatura una respuesta adecuada y fiel a los compromisos internacionales del Estado y ello conduce a la creación de un campo fértil para que estos grupos que operan al margen de la ley sigan cometiendo hechos como los del presente caso.”

Para Viviana Krsticevic, directora de CEJIL, “esta sentencia es de vital importancia ya que reitera la obligación internacional del Estado colombiano de acabar con la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos cometidos por paramilitares. Esta obligación tiene una relevancia especial en el marco del proceso de desmovilización en que se encuentra el país hoy.”

CEJIL recuerda que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.