Corte Interamericana cuestiona extradición de paramilitares a Estados Unidos y demanda explicaciones al Estado colombiano
Washington, D.C., 5 de agosto de 2009En resolución emitida esta semana sobre el cumplimiento de la sentencia en el Caso de la Masacre de Mapiripán, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionó fuertemente la decisión de Colombia de extraditar a ex jefes paramilitares a los Estados Unidos. Expresó el Tribunal que, “la aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad.”Ante el hecho de que uno de los presuntos responsables de esta masacre, Salvatore Mancuso, haya sido extraditado a otro país para enfrentar cargos de narcotráfico. La Corte Interamericana insistió que “debe prevalecer la consideración de la imputación de graves violaciones de derechos humanos.” Además, ordenó al Estado colombiano “aclarar los mecanismos, instrumentos y figuras jurídicas que serán aplicadas para asegurar que la persona extraditada colabore con las investigaciones de los hechos [y] para asegurar su debido enjuiciamiento.” Así, la Corte advierte a Colombia que estará en desacato de la sentencia—y expuesto a futuras condenas—si no garantiza la continuidad de los procesos penales en contra de los ex jefes paramilitares por violaciones a los derechos humanos.En mayo de 2008, 14 ex jefes paramilitares, incluyendo a Salvatore Mancuso, fueron extraditados por Colombia a los Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico, lavado de dinero, y terrorismo. En el momento de su extradición estas personas estaban sometidas a proceso bajo la llamada “Ley de Justicia y Paz” que les confería una pena reducida a cambio de confesar los crímenes cometidos y reparar a las víctimas.Organizaciones de derechos humanos intergubernamentales y no gubernamentales criticaron la decisión del gobierno colombiano de extraditar a los ex jefes paramilitares, ya que la misma privilegiaba sus crímenes en Estados Unidos (principalmente narcotráfico) sobre los miles de crímenes atroces—masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual y otros—cometidos en Colombia. La extradición tornaba imposible garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Efectivamente, hace unos meses el entonces Fiscal General de Colombia, Mario Iguarán, reconoció que hubo una “alteración negativa” en los procesos contra los ex jefes paramilitares como resultado de sus extradiciones, y que “reconstruir la verdad es difícil en estas condiciones.” En su resolución en el Caso de la Masacre de Mapiripán, la Corte Interamericana llamó la atención a la “falta de acuerdo de cooperación judicial” entre Colombia y los Estados Unidos destinado a “asegurar que los procedimientos que se desarrollan fuera de Colombia no interfieran o entorpezcan las investigaciones de las graves violaciones ocurridas.”En particular, la resolución deja plasmado que, pese a las solicitudes del Estado colombiano, no existe ningún acuerdo entre los dos países para que cualquier beneficio penal que otorga Estados Unidos sea condicionado a la colaboración de los extraditados con los casos de violación de derechos humanos en Colombia. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) llama urgentemente al Estado colombiano y al gobierno de los Estados Unidos a hacer todo lo necesario para asegurar que la extradición de los ex jefes paramilitares no obstaculice el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de miles de víctimas en Colombia.La referida resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/mapiripan_08_07_09.pdf. El Caso de la Masacre de Mapiripán fue litigado ante la Corte Interamericana por CEJIL y la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo.” La sentencia del Tribunal, emitida el 15 de septiembre de 2005, está disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf. En dicha sentencia, el Estado colombiano fue condenado por colaborar con paramilitares en la desaparición forzada de al menos 49 personas.Contactos en CEJIL Washington: Viviana Krsticevic, Directora EjecutivaMichael Camilleri, Abogado Tel: 202-319-3000 Fax: 202-319-3019 mcamilleri@cejil.orgContacto en Costa Rica:Nancy Marín Espinoza Difusión y Prensa Tel: 506-2280-7473/7608 Fax: 506-2280-52nmarin@cejil.org
Publicación: 11.Agosto.2009