Corte Interamericana conocerá sobre políticas discriminatorias en la República Dominicana
Washington, D.C., y Santo Domingo, R.D. 3 de octubre de 2013. El próximo 8 y 9 de octubre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá un caso contra la República Dominicana sobre la detención arbitraria y expulsión colectiva de seis familias por parte de agentes de migración del territorio de dominicano. Los hechos del caso están basados en la discriminación estructural que existe en contra de la población dominicana de origen haitiano y migrantes haitianos que han vivido por varios años en el país.
Publicación: 03.Octubre.2013

 

Washington, D.C., y Santo Domingo, R.D. 3 de octubre de 2013. El próximo 8 y 9 de octubre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá un caso contra la República Dominicana sobre la detención arbitraria y expulsión colectiva de seis familias por parte de agentes de migración del territorio de dominicano. Los hechos del caso están basados en la discriminación estructural que existe en contra de la población dominicana de origen haitiano y migrantes haitianos que han vivido por varios años en el país. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York actuarán como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en la audiencia pública a celebrarse en la ciudad de México en su próximo período extraordinario de sesiones.
Las expulsiones del presente caso no son hechos aislados, formaron parte de una práctica del Estado dominicano de detención arbitraria y expulsiones colectivas de personas que se presumen de origen haitiano, práctica que se lleva a cabo utilizando “perfiles raciales basados en la presunta nacionalidad de la víctima” y es, por lo tanto, discriminatoria. Entre 1999 y 2000, cada una de las familias en el presente caso Fils-Aimé, Gelin, Jean, Medina Ferreras, Sensión, Alezy, y Charles Pérez, fueron víctimas de esta práctica del Estado.
Colette Lespinase, Directora Ejecutiva de GARR señaló que “las víctimas fueron detenidas y, en menos de 24 horas, expulsadas arbitrariamente de la República Dominicana hacia Haití, sin previo aviso, audiencia u oportunidad de recoger sus pertenencias o contactar a sus familias, situación que les provocó graves perjuicios, que incluyeron pérdidas materiales y un intenso sufrimiento personal”.
Cristina Luis Francisca, Directora Ejecutiva de MUDHA, destacó que “los hechos violan la Convención Americana de Derechos Humanos toda vez que las expulsiones se realizaron sin garantías de debido proceso, no se adoptaron medidas para proteger el interés superior de los niños y niñas, y no existió un recurso judicial efectivo en el derecho interno que les permitiera impugnar la decisión de las autoridades dominicanas de expulsarlos o cuestionar la ilegalidad de su detención”.
El caso también se refiere a la aplicación restrictiva de la Constitución Política dominicana, situación que ha provocado que a la fecha varias de las víctimas no tengan actas de nacimiento ni documentos de identificación personal dominicanos, a pesar de haber nacido en ese país.
La Corte Interamericana se refirió en el año 2005 a la forma en que se debía interpretar la normativa dominicana, vigente hasta el 2010, en relación con la adquisición de la nacionalidad por vía del ius solis en su sentencia del caso Yean y Bosico vs República Dominicana.
Sin embargo, hace tan solo unos días, el 23 de septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que señaló que las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular
GARR
en República Dominicana deben ser consideradas como “en tránsito” y de conformidad con la nueva Constitución de 2010, “residentes ilegales”, con la consecuencia de que sus hijos no podrían adquirir la nacionalidad dominicana
Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL señaló que “el Estado dominicano, en lugar de adoptar medidas para evitar la repetición de estos hechos, implementó medidas adicionales para reforzar la práctica de privación arbitraria de la nacionalidad al considerar a las personas de ascendencia haitiana como personas extranjeras.”.
El Tribunal Constitucional dominicano solicitó la revisión de los certificados de nacimiento emitidos desde 1929, para determinar si cumplían con lo establecido en su sentencia afectando así a más de cuatro generaciones de personas en el país, algunos de ellos, que habían disfrutado de su nacionalidad por décadas, podrían ser privados de la misma.
Las organizaciones representantes de las víctimas esperan que el fallo del Tribunal Interamericano se pronuncie sobre las medidas que el Estado dominicano debe adoptar en materia legislativa y en sus prácticas administrativas para evitar que hechos como los del presente caso se repitan.
Para más información sobre el tema:
Resolución Convocatoria
Resumen del caso por CIDH
Página Web de las Sesiones
Transmisión en vivo
Web CEJIL
Contacto de prensa en Costa Rica: Daniela Araya Oficial de comunicaciones Tel: +506 22807473 Correo: daraya@cejil.org
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

Washington, D.C., y Santo Domingo, R.D. 3 de octubre de 2013. El próximo 8 y 9 de octubre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá un caso contra la República Dominicana sobre la detención arbitraria y expulsión colectiva de seis familias por parte de agentes de migración del territorio de dominicano. Los hechos del caso están basados en la discriminación estructural que existe en contra de la población dominicana de origen haitiano y migrantes haitianos que han vivido por varios años en el país. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York actuarán como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en la audiencia pública a celebrarse en la ciudad de México en su próximo período extraordinario de sesiones.

Las expulsiones del presente caso no son hechos aislados, formaron parte de una práctica del Estado dominicano de detención arbitraria y expulsiones colectivas de personas que se presumen de origen haitiano, práctica que se lleva a cabo utilizando “perfiles raciales basados en la presunta nacionalidad de la víctima” y es, por lo tanto, discriminatoria. Entre 1999 y 2000, cada una de las familias en el presente caso Fils-Aimé, Gelin, Jean, Medina Ferreras, Sensión, Alezy, y Charles Pérez, fueron víctimas de esta práctica del Estado.

Colette Lespinase, Directora Ejecutiva de GARR señaló que “las víctimas fueron detenidas y, en menos de 24 horas, expulsadas arbitrariamente de la República Dominicana hacia Haití, sin previo aviso, audiencia u oportunidad de recoger sus pertenencias o contactar a sus familias, situación que les provocó graves perjuicios, que incluyeron pérdidas materiales y un intenso sufrimiento personal”.

Cristina Luis Francisca, Directora Ejecutiva de MUDHA, destacó que “los hechos violan la Convención Americana de Derechos Humanos toda vez que las expulsiones se realizaron sin garantías de debido proceso, no se adoptaron medidas para proteger el interés superior de los niños y niñas, y no existió un recurso judicial efectivo en el derecho interno que les permitiera impugnar la decisión de las autoridades dominicanas de expulsarlos o cuestionar la ilegalidad de su detención”.

El caso también se refiere a la aplicación restrictiva de la Constitución Política dominicana, situación que ha provocado que a la fecha varias de las víctimas no tengan actas de nacimiento ni documentos de identificación personal dominicanos, a pesar de haber nacido en ese país.

La Corte Interamericana se refirió en el año 2005 a la forma en que se debía interpretar la normativa dominicana, vigente hasta el 2010, en relación con la adquisición de la nacionalidad por vía del ius solis en su sentencia del caso Yean y Bosico vs República Dominicana.

Sin embargo, hace tan solo unos días, el 23 de septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que señaló que las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular en República Dominicana deben ser consideradas como “en tránsito” y de conformidad con la nueva Constitución de 2010, “residentes ilegales”, con la consecuencia de que sus hijos no podrían adquirir la nacionalidad dominicana

Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL señaló que “el Estado dominicano, en lugar de adoptar medidas para evitar la repetición de estos hechos, implementó medidas adicionales para reforzar la práctica de privación arbitraria de la nacionalidad al considerar a las personas de ascendencia haitiana como personas extranjeras.”.

El Tribunal Constitucional dominicano solicitó la revisión de los certificados de nacimiento emitidos desde 1929, para determinar si cumplían con lo establecido en su sentencia afectando así a más de cuatro generaciones de personas en el país, algunos de ellos, que habían disfrutado de su nacionalidad por décadas, podrían ser privados de la misma.

Las organizaciones representantes de las víctimas esperan que el fallo del Tribunal Interamericano se pronuncie sobre las medidas que el Estado dominicano debe adoptar en materia legislativa y en sus prácticas administrativas para evitar que hechos como los del presente caso se repitan.

Para más información sobre el tema:

Informe del Fondo de la CIDH www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12.271Fondo.doc

Resolución Convocatoria

http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/tidemendez_06_09_13.pdf

Resumen del caso por CIDH

http://www.corteidh.or.cr/mexico/informacionalpublico/casotidemendez.pdf

Página Web de las Sesiones

http://corteidh.or.cr/mexico/agenda.html

Transmisión en vivo

http://www.livestream.com/corteidh

Web CEJIL

www.cejil.org

Contacto de prensa en Costa Rica: Daniela Araya Oficial de comunicaciones Tel: +506 22807473 Correo: daraya@cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.