Corte IDH pide información a Colombia en el marco de solicitud de medidas para proteger a víctimas del ex-paramilitar Salvatore Mancuso, frente a su posible deportación a Italia
Las medidas fueron solicitadas el pasado 21 de agosto de 2020 por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Publicación: 25.Agosto.2020

Bogotá y Washington, D.C. 25 de agosto de 2020.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió información al Estado colombiano el día de ayer en relación con la solicitud de medidas provisionales pedidas a favor de las víctimas de tres casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por paramilitares, ante la posible deportación del ex-líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso a Italia, lo que pone en riesgo la posibilidad de que cientos de víctimas en Colombia puedan acceder a justicia, verdad y reparación.

Las medidas fueron solicitadas el pasado 21 de agosto de 2020 por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), ante la posible deportación de Salvatore Mancuso a Italia, país de donde es nacional, en lugar de ser extraditado a Colombia, para cumplir las condenas emitidas en dicho país por graves violaciones a derechos humanos y aportar en el proceso de Justicia y Paz.

En el escrito presentado, se solicita a la Corte que requiera al Estado colombiano, asegurarse de que el proceso de extradición ante el gobierno de EEUU se lleve a cabo de manera expedita y con apego a las obligaciones de debida diligencia, a fin de permitir que las víctimas de los casos masacres de Ituango (2002) y Pueblo Bello (1990) y Valle Jaramillo (1998) tengan garantías para el acceso a la justicia. Adicionalmente se busca que el Estado colombiano se abstenga de adoptar cualquier acción que pueda obstaculizar el trámite de extradición.

En los casos citados, la Corte Interamericana dio por probada la vinculación entre paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, en particular las AUC, en la comisión de graves violaciones a derechos humanos y ordenó al Estado investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables.

Mancuso fue extraditado de Colombia a los Estados Unidos en mayo de 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y el pasado mes de julio cumplió su condena por el delito de narcotráfico. Actualmente se está determinando su situación jurídica en EEUU y es posible que sea deportado a Italia. Colombia ha tramitado, en lo que va de año, tres solicitudes de extradición de Mancuso, las cuales han sido rechazadas por errores de forma o retiradas por el Estado colombiano. Esta preocupante negligencia podría tener como consecuencia la imposibilidad de que Salvatore Mancuso cumpla las condenas que han sido impuestas por la justicia colombiana en su contra por graves violaciones a derechos humanos.

“El Estado colombiano tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a derechos humanos vinculados a las masacres de Pueblo Bello, Ituango y otras. Esta obligación comprende la actuación diligente y expedita del Estado colombiano en el trámite de extradición a fin de que se conozca la verdad de lo ocurrido y los graves crímenes no queden en la impunidad”, puntualizó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

“La deportación de Salvatore Mancuso a Italia causaría una grave afectación a los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas y tendría como consecuencia una garantía de impunidad”, indicó Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas. 

Ante la solicitud de la Corte IDH, el Estado colombiano tiene plazo hasta el 31 de agosto para remitir información sobre esta situación, posteriormente la Corte determinará el otorgamiento de las medidas.