Ante Corte IDH: el mayor temor del pueblo indígena miskitu nicaragüense es el etnocidio
Representantes solicitan que la Corte realice una visita in situ a las comunidades y emita una resolución sobre el estado de la implementación de las medidas de protección otorgadas.
Publicación: 13.Marzo.2020

San José, 13 de marzo de 2020.- Este viernes 13 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), celebró una audiencia pública para revisar la situación de riesgo que enfrenta el pueblo indígena miskitu de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. En la audiencia participaron funcionarios del Estado de Nicaragua,  líderes de las comunidades miskitu, y las organizaciones representantes de los beneficiarios: el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). 

En la audiencia se revisó el estado de implementación de las medidas de protección ordenadas desde septiembre de 2016 por la Corte IDH,  tras el asesinato de siete comunitarios y otros hechos de violencia registrados en 2015, como consecuencia de la invasión de terceros no indígenas o “colonos” a tierras de las comunidades miskitu.  

Casi cuatro años después de otorgadas las medidas, las organizaciones representantes denunciaron que “el riesgo al que están sometidas las comunidades beneficiarias no ha disminuido. Por el contrario, ha empeorado sustancialmente” y aseguraron que la invasión de colonos se da “con la total anuencia del Estado de Nicaragua”, el cual “continúa promoviendo las actividades de extractivismo” en territorios indígenas. 

De acuerdo con las organizaciones, de 2015 a la fecha se han documentado 12 asesinatos, 2 violaciones sexuales, 23 secuestros, 25 agresiones con lesiones graves y 49 actos de hostigamientos y amenazas en las comunidades de Esperanza Río Wawa, Santa Clara, Wisconsin, Francia Sirpi, Esperanza Río Coco, San Jerónimo, Klisnak y Wiwinak.  El último hecho de violencia documentado es el ataque a la comunidad de Santa Clara que resultó en una adolescente herida de bala en su rostro. Además, a la fecha 807 personas permanecen desplazadas de manera forzosa y se han perdido 23.243 hectáreas de cultivo, lo cual se ha traducido en una crisis alimentaria sin precedentes. 

“Estamos hablando de personas que se están muriendo, que se encuentran en situación de alerta constante, que no pueden dormir, no tienen que comer y tienen miedo de ir a sus parcelas a traer alimentos frente a la posibilidad de ataques armados. El mayor temor que tienen los pueblos indígenas es el etnocidio”, sostuvo Lottie Cunningham, presidenta de CEJUDHCAN. 

Asimismo, las organizaciones representantes expusieron la situación de riesgo que enfrentan la defensora Cunningham y el defensor José Coleman, ambos parte de CEJUDHCAN. Al respecto, denunciaron que “se encuentran en una situación particular de riesgo y vulnerabilidad” al estar “sujetos a la violencia estatal, pero además a la de terceros que pretenden apoderarse de las tierras indígenas, con tolerancia y aquiescencia del Estado”.   

Por su parte, el Estado de Nicaragua minimizó la situación de violencia que enfrentan los pueblos indígenas miskitu, llegando incluso a negar la emergencia alimentaria. A la vez, señaló estar avanzando en el cumplimiento de las medidas, en particular en la creación de una “Comisión Regional para la Atención de los Territorios y Comunidades”; sin embargo, las organizaciones respondieron que esa Comisión no representa a las comunidades. 

“El Estado está presentando un panorama totalmente distinto a la realidad, insiste en decir que ‘todo está normal’ y que los actos de violencia son invenciones; sin embargo, los hechos presentados el día de hoy están ampliamente documentados”, sostuvo Gisela de León, directora jurídica de CEJIL. 

Frente a la posición del Estado, la Corte IDH, en particular, la presidenta Elizabeth Odio Benito hizo un llamado al diálogo.

Finalmente las organizaciones representantes solicitaron a la Corte IDH que realice una visita in situ a las comunidades beneficiarias para constatar la grave situación en que se encuentran y emita una resolución en que inste al Estado de Nicaragua, entre otros, a avanzar en el saneamiento de las comunidades afectadas; asegurar que las personas desplazadas cuenten con condiciones de vida dignas, incluyendo garantizar su alimentación y atención de salud, así como el retorno en condiciones de seguridad; e investigar la totalidad de los hechos de violencia. 

“La desprotección, la muerte y la violencia han impactado a los pueblos miskitu por demasiado tiempo. El Estado de Nicaragua tiene la obligación de cumplir, de manera inmediata, con las medidas ordenadas por la Corte IDH para garantizar la vida, la integridad y la existencia misma de las comunidad. El pueblo miskitu no puede esperar más”, sentenció Gisela de León.