Continúan en la impunidad graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado salvadoreño
Publicación: 28.Agosto.2009


Washington, D.C.



El día 12 de marzo, el Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador (Pro Memoria), que agrupa a 10 organizaciones salvadoreñas dedicadas a la atención de víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado y sus familiares, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre la impunidad de esas violaciones y el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para El Salvador en materia de justicia. También se refirieron a los efectos de esta situación en la actualidad.


Las organizaciones señalaron que la Comisión de la Verdad para El Salvador recibió más de 22 mil denuncias de graves violaciones a derechos humanos en contra de la población civil, entre ellas ejecuciones extra judiciales, exterminios de población civil, desapariciones forzadas de personas y torturas; la mayor parte atribuidas a fuerzas gubernamentales militares, policiales, paramilitares y escuadrones de la muerte. Sin embargo, el universo total de víctimas se calcula en aproximadamente 75 mil personas.



Cinco días después de que la citada Comisión rindiera su informe final, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Amnistía para la consolidación de la Paz, la cual procuró la impunidad todas estas graves violaciones a los derechos humanos. El Estado salvadoreño tampoco cumplió con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en materia de reforma del aparato judicial, que tendían a garantizar su independencia, imparcialidad y efectividad.



Según manifestaron las organizaciones en la audiencia pública ante la CIDH, en los últimos años este panorama no ha cambiado, a pesar de que en el año 2000 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador señaló que la Amnistía no debía ser aplicable a las graves violaciones de derechos humanos. El Estado tampoco ha tomado las medidas adecuadas para reparar a las víctimas.



Las organizaciones solicitaron a la Comisión que elabore un informe especial al respecto donde destaque la existencia de un sistema judicial deficiente que no satisface las necesidades de justicia. En este sentido, un estudio auspiciado por el PNUD estableció que en menos del 4% de los homicidios se llega a la condena de los responsables. También pidieron que se informe a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos sobre la situación de desacato en la que se encuentra el Estado de El Salvador, en referencia al no cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH en casos de graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, como el asesinato de Monseñor Romero y el de los jesuitas.



Después de escuchar a las organizaciones peticionarias de la audiencia, el comisionado Felipe González señaló que el mensaje que se envía a la sociedad cuando se tiene en vigor una amnistía como la existente en El Salvador es que hay ciudadanos de primera y segunda categoría, pues “están diciéndole a unos que los van a sancionar por cometer crímenes o delitos de mucha menor entidad que aquellos que han sido dejados sin investigación completa ni sanción”. Esto afecta de grave manera la administración de justicia en el tanto que los crímenes de mayor envergadura quedan sin sanción.



CEJIL y Pro Memoria esperan que El Salvador honre sus compromisos internacionales y cumpla con su obligación de garantizar los derechos de su población, para lo cual es esencial que realice investigaciones completas y efectivas sobre lo ocurrido a las víctimas civiles del conflicto armado y sancione a las personas responsables, para evitar la recurrencia de este tipo de hechos en el futuro.



 


Contacto:

 

Nancy Marín Espinoza


Correo electrónico: nmarin@cejil.org

www.cejil.org