Condenamos represión a manifestantes por la salud y educación en Honduras
Publicación: 03.Junio.2019

San José, 03 de junio de 2019.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hemos monitoreado las multitudinarias protestas en todo el país, convocadas por los gremios de salud y educación durante los últimos días y hasta la actualidad. En respuesta, hacemos pública nuestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de orden.

A partir de los registros gráficos y audiovisuales publicados por manifestantes y organizaciones, se observa el uso desproporcionado de gases lacrimógenos, disparos con armas de fuego, agresiones, campañas de desprestigio, entre otras acciones encaminadas a menguar la participación de defensores y defensoras de derechos humanos en las manifestaciones.

Recordamos que a fines de 2017 se vivió un contexto de crisis postelectoral, en donde también se exhibieron comportamientos estatales similares para reprimir a la disidencia política. Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido enfática en que el considerado el uso de la fuerza es “un recurso último que, limitado cualitativa y cuantitativamente, (que) pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal”.

Asimismo, recordamos las recomendaciones realizadas al Estado por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) durante la crisis post electoral. Particularmente, la relativa a la “(…) revisión de reglas de enfrentamiento para asegurar que las fuerzas del orden y las fuerzas de seguridad sólo utilicen la fuerza, en particular la fuerza letal, como último recurso, de conformidad a los principios de necesidad, precaución, proporcionalidad y legalidad, así como otras normas internacionales”.

Como organización que ha acompañado históricamente las demandas de la sociedad civil organizada, hacemos énfasis en que estos patrones de comportamiento, que se exhiben en las manifestaciones de los últimos días, sólo contribuyen a intensificar la polarización social y el descontento. 

De igual manera, la tipificación de delitos con intención de criminalizar a quienes ejercen su derecho a la protesta social, a través del nuevo Código Penal, sólo alienta un contexto más crítico para la garantía de derechos. En particular, nos preocupa lo dispuesto en el art. 28, que declara “responsabilidad penal en delitos cometidos a través de medios de difusión” y la redacción de los art. 573 (“desórdenes públicos”) y 587 (“asociación terrorista”).  

Al respecto, la CIDH ha señalado que la criminalización produce estigmatización, temor y puede resultar en el silencio de los reclamos y reivindicaciones, cuya expresión es fundamental en una democracia y Estado de Derecho.

Desde CEJIL exhortamos al Estado de Honduras, para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y prevenga cualquier tipo de acción que incurra en responsabilidad internacional. En esta línea, reiteramos el llamado al Estado para que garantice el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y reunión pacífica y el derecho a defender derechos humanos.

A su vez, instamos a los órganos regionales y universales de derechos humanos, así como a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes y pronunciarse. Por último, manifestamos nuestra solidaridad con las y los hondureños, que pacíficamente ejercen su derecho a protestar por el respeto a sus derechos y la construcción de una sociedad más justa.