Comisión Interamericana ordena proteger a indígenas ambientalistas en Honduras
San José, viernes 20 de diciembre del 2013. El pasado miércoles 18 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a favor de 18 indígenas miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) de Honduras, así como de sus familiares. En total, la CIDH ordenó proteger a 38 personas en virtud de los actos de hostigamiento, amenazas y agresiones que han sufrido como consecuencia de sus acciones en defensa del medio ambiente. La solicitud de protección fue realizada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)  y por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Publicación: 20.Diciembre.2013

San José, viernes 20 de diciembre del 2013. El pasado miércoles 18 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a favor de 18 indígenas miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) de Honduras, así como de sus familiares.

En total, la CIDH ordenó proteger a 38 personas en virtud de los actos de hostigamiento, amenazas y agresiones que han sufrido como consecuencia de sus acciones en defensa del medio ambiente.

La solicitud de protección fue realizada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)  y por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ). Esta última es una organización que lucha por la defensa de los recursos naturales, y está conformada por activistas de distintos sectores, incluyendo a líderes indígenas de la etnia tolupán, que residen en la comunidad de San Francisco, Locomapa, ubicada en el departamento de Yoro, Honduras.

Los beneficiarios de las medidas de protección se han destacado por reclamar la participación justa y equitativa de los pueblos indígenas en los planes de manejo forestal de las zonas de protegidas por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF). Además, los tolupanes se han opuesto a la explotación minera indiscriminada en la zona.

Por estas y otras acciones en defensa del medio ambiente, los líderes tolupanes y su abogado defensor Víctor Fernández, han sido víctimas de agresiones. De hecho, el 25 de agosto pasado los líderes indígenas María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina fueron asesinados mientras participaban de una protesta pacífica. Los responsables de estos graves hechos permanecen en fuga.

“Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH representan un llamado de atención para las autoridades hondureñas. En Honduras nos sentimos desprotegidos a la hora de defender nuestro derecho a un ambiente sano, y por lo tanto reclamamos que se nos brinde la seguridad para continuar con la labor de defensa”, manifestó Víctor Fernández, beneficiario de las medidas y además Coordinador del MADJ.

La decisión de la CIDH confirma el contexto de riesgo que afecta a numerosos defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras. En efecto, Margaret Sekaggya, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, manifestó que “ciertas categorías de defensores de derechos humanos se encuentran particularmente en situación de riesgo en Honduras, incluidas las comunidades indígenas y afro-hondureñas, así como aquellas que trabajan en temas relacionados con el medio ambiente y derecho a la tierra”.

En similar sentido se pronunció recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar al Estado hondureño por el asesinato del ambientalista Carlos Luna López. En esta oportunidad, la Corte ordenó la implementación de una política pública para la protección de los defensores de derechos humanos.

Marcia Aguiluz, Directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México destacó que “el Estado de Honduras debe atender a los diversos llamados internacionales y tomar acciones inmediatas para minimizar el riesgo que afecta a los defensores y las defensoras en el país. CEJIL hace un llamado a las autoridades para que implementen las medidas de protección específicas para proteger a los ambientalistas, a su vez, les exhortamos a crear e implementar la política pública que fuera ordenada por la Corte Interamericana.”